Confiscan un condominio propiedad de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos, en San Juan del Sur

El condominio usurpado a la familia Chamorro Barrios está construido en un terreno que compró el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas, a finales de los años sesenta

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  • febrero 01, 2024
  • 04:32 AM

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó el condominio de apartamentos Farallón de Sotavento, propiedad de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y de sus cuatro hijos, en el municipio de San Juan del Sur.

La propiedad fue asaltada por agentes de la Policía Orteguista la mañana del 29 de enero de 2023. Durante el operativo, según reporta Confidencial, fue desalojado el personal de servicio y "ocuparon la propiedad de forma permanente", denunció una fuente vinculada a la familia Chamorro.

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“Los policías alegaron de forma verbal, que estaban ejecutando órdenes de la Procuraduría General de la República, pero no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento, o documento de confiscación”, refirió la fuente.

UNA PROPIEDAD DE LOS CHAMORRO DESDE LOS AÑOS SESENTA

El condominio usurpado está construido en un terreno que compró el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas, a finales de los años sesenta. Incialmente la familia construyó una casa veraniega.

En 2007, la casa familiar se demolió y en ese terreno fue construido "por voluntad y herencia de doña Violeta Barrios de Chamorro" un condominio de cuatro apartamentos y una segunda casa de servicio.

“Los propietarios fundadores de la sociedad Farallón de Sotavento fueron Violeta Barrios de Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Claudia Lucía Chamorro Barrios, Cristiana Chamorro Barrios, y Carlos Fernando Chamorro Barrios en iguales porcentajes accionarios. Posteriormente, doña Violeta distribuyó sus acciones entre sus cuatro hijos, de forma proporcional", explicó la fuente.

No obstante, desde 2017, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Carlos Fernando Chamorro Barrios salieron de la sociedad, tras vender el porcentaje de sus acciones.

"El artículo 44 de la Constitución de la República prohibe de forma taxtativa la confiscación de bienes. Por lo tanto, este acto y otros que se han ejecutado al amparo de decretos confiscatorios de la dictadura como acciones de persecución y venganza política contra ciudadanos que forman parte de los 222 y los 94, todos despojados de su nacionalidad, e incluso contra sus familiares, también son ilegales y representan un robo al patrimonio familiar de las víctimas", denunció la fuente.

*Foto tomada de Confidencial.

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