Ortega convierte a Nicaragua en una cueva de corruptos con "venta y alquiler" de asilo y nacionalizaciones

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, señalado en su país se cometer actos de corrupción, busca evadir a la Justicia con la protección de Nicaragua. El aspirante a la reelección, condenado a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales, solicitó el asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá y le fue concedido de forma expedida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La protección dada a Martinelli ha generado el rechazo de opositores y defensores de derechos humanos nicaragüenses a los que el régimen a sometido a persecución, cárcel, destierro, confiscación y al despojo de la nacionalidad.

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La lectura de la exguerrillera e historiadora Dora María Téllez es que detrás de la generosidad del régimen hay intereses económicos. "Les favorece en sus ingresos, su economía, en su modelo de negocio, porque, así como se metieron en el tráfico de personas a niveles intercontinentales y así como apareció ese cargamento de cocaína en Rusia, igual es parte del modelo de negocio la venta, alquiler, de asilos políticos, de estadías en Nicaragua y de ciudadanía nicaragüense”, critica Téllez.

La Convención sobre Asilo Político de 1933, ratificada por Nicaragua señala en su artículo uno que "no es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren condenados por tribunales ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra y mar".

Téllez, quien fue desterrada de Nicaragua, recuerda que el expresidente panameño se enfrentó a un juicio por corrupción y no a un proceso político.

La exguerrillera opina que la concesión de asilo a Martinelli “es un asunto de naturaleza y conveniencia de negocios de los Ortega-Murillo”.

Olga Valle, del observatorio Urnas Abiertas, condenó el otorgamiento del asilo al exmandatario y lo tildó de “vergonzoso, pero no sorpresivo", pues considera que "entre ellos mismos (los corruptos) se protegen”.

Valle lamenta que los Ortega Murillo estén convirtiendo a Nicaragua “en una cueva de ladrones por excelencia de la región”.

“Desde Urnas condenamos este uso de la institucionalidad para beneficiar los intereses de los Ortega-Murillo en lugar de estar garantizando el bienestar de la ciudadanía”, expresó Valle. 

"TRÁFICO DE INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS"

Uriel Pineda, abogado y especialista en temas de derechos humanos, considera que, aunque el exmandatario tiene derecho al asilo, lo que está haciendo Ortega es un “tráfico de inmunidades diplomáticas”, ya que el asilo y otros privilegios diplomáticos ha servido para garantizar impunidad.

“El expresidente Martinelli ni siquiera es ideológicamente cercano a Daniel Ortega, el único punto de interés es que, posiblemente, el expresidente es una persona muy acaudalada y perseguida por corrupción”, señala Pineda. 

El abogado indica que la dictadura de Nicaragua ha instrumentalizado el asilo “para procurar la impunidad ante la comisión de hechos delictivos”.  

PODRÍA PROVOCAR ROCES CON PANAMÁ

Pineda teme que el asilo otorgado al expresidente por actos de corrupción mine las relaciones de Nicaragua con Panamá, sin embargo, dice que no hay que precipitarse, pues hace falta esperar por la resolución del caso Martinelli.

En su comunicado la dictadura de Nicaragua argumenta que le otorgó asilo al exmandatario por ser “perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”.

Téllez opina que el expresidente panameño no corre peligro en su país: “Nadie lo está buscando para matarlo, nadie lo ha torturado, lo único que tiene que enfrentar la justicia, como corresponde si tiene esos cargos”.

“Ellos (los Ortega-Murillo) han estilado darle alojamiento, protección, ciudadanía condiciones materiales y económicas a personas que son perseguidas en sus países por corrupción”, critica Téllez.

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Martinelli se suma a la lista de expresidentes de la región a los que el régimen Ortega-Murillo ha acogido en Nicaragua. Tal es el caso de los exmandatarios salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), señalados de actos de corrupción con causas judiciales pendientes en su país y amparados por la dictadura y a quienes otorgó la nacionalidad nicaragüense e impide que sean extraditados.

EL DOBLE ESTANDAR DE LA DICTADURA

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también se pronunció en contra del otorgamiento de asilo a Martinelli. Desde su óptica es parte de “una estrategia de protección a quienes delinquen”. 

“La dictadura sandinista históricamente ha protegido a delincuentes”, comentó el organismo al señalar que este tipo de hechos reflejan el aislamiento político del régimen ya que sus únicos aliados son personas o Estados con historial delictivo.

El organismo también encuentra incongruencias pues Martinelli, que se declara víctima de una justicia supuestamente parcializada, ha pedido asilo a un régimen dictatorial que condena a los presos políticos al margen del debido proceso e impone como castigo el destierro y la apatridia.

“El asilo al expresidente Martinelli expone este doble estándar de la dictadura que mientras a sus aliados y personas fieles obtienen prebendas, protección y garantías de impunidad mientras que a los nicaragüenses oprimidos les receta exilio, destierro, amenazas, persecución, procesos judiciales viciados, confiscaciones, desnacionalización entre otras graves violaciones a sus derechos humanos”, cuestiona el organismo.  

El Colectivo hizo un llamado a la comunidad internacional a ser más beligerante ya que la dictadura en Nicaragua "es un peligro para la democracia, justicia e institucionalidad de los demás países de la región".