Régimen vocifera por sanciones y Alianza vuelve al Incae para impulsar cumplimientos de acuerdos

En el mismo tono de Ortega, su canciller Denis Moncada dirigió fuertes descalificativos contra la Alianza Cívica, mientras estos piden que se avance de una vez en la implementación de los acuerdos. 

El régimen de Daniel Ortega, esta vez en la voz del canciller Denis Moncada, reconoció los efectos que han tenido las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a familiares y funcionarios de su administración. 

El canciller Moncada, delegado del régimen en la mesa de negociación, acusó a los negociadores de la Alianza Cívica de ser “cómplices totales del odio, de la zozobra, de la violencia, de la discriminación, del terrorismo, y de la negación de la vida”, luego que esta organización señalara como fuera de lugar la pretensión de Daniel Ortega de que actúe para solicitar el retiro de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.  

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Moncada dijo que las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, afectan a los más pobres. No obstante, hasta ahora Estados Unidos ha sancionado a los más cercanos a Ortega: su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega, Néstor Mocada Lau, Francisco Díaz, Francisco López, Fidel Moreno y Bancorp.

Moncada insistió en “reconocer el daño que las sanciones ilegales y unilaterales infringen a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y, particularmente, a los más vulnerables, a los más pobres”. 

Al igual que lo hizo el líder sandinista, Denis Moncada acusó a la Alianza Cívica de ser cómplices gustosos y gozosos de las sanciones y de contribuir a la política injerencistas y violatorias a los derechos humanos, por no pedir el cese de las sanciones contra el régimen orteguista. 

Sobre este punto, José Palláis recordó que las sanciones están impactando "intereses particulares" pues las sanciones que tendrían efecto general no se han implementado.

"Tenemos que concluir que ellos están reaccionando al efecto particular de las sanciones individuales", remarcó el negociador por la Alianza Cívica.

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En su comunicado, el régimen señaló que la negativa a promover el retiro de sanciones "sólo es comparable a la actitud servil y desvergonzada de estos mismos sectores, que se negaron a denunciar y eliminar los tranques que nuestro pueblo calificó y califica todavía hoy, como ´tranques de la muerte´”.

El pasado 30 de abril, en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, Daniel Ortega, por primera vez, se mostró vulnerable ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a su círculo más cercano, y admitió que no le queda más camino que “buscar acuerdos con esas miserias humanas”, en referencia a los representantes de la sociedad civil en la mesa de negociación. 

“No he escuchado una sola palabra o condena a las sanciones que le han venido aplicando a Nicaragua. Se alegran más bien, aunque los esté afectando a ellos mismos, porque también los afecta a ellos. No crean que nos los afecta, porque también los afecta a ellos”, dijo Ortega refiriéndose a los efectos tras las sanciones. 

La Alianza Cívica respondió a Ortega que sin compromiso y voluntad evidente en el cumplimiento de los acuerdos en la mesa de negociación no se “va a modificar la posición de los países que le han impuesto sanciones a Nicaragua”. 

"La agenda aprobada por la delegación de ellos (gobierno) establecía que toda solicitud de suspensión de sanciones tenía que hacerse ya con los acuerdos finalizados, cuando ya los cambios que esta negociación pretende (se lograran): consolidar a la democracia en Nicaragua, las libertades y los derechos; porque el incumplimiento de Ortega en materia de democracia y derechos humanos es lo que ha causado la aplicación de sanciones y para que cesen los efectos, deben cesar las causas", sostuvo José Palláis en reacción a la insistencia de Ortega y sus delegados en el retiro de sanciones de forma anticipada.

Hasta ahora, el gobierno de Daniel Ortega se ha negado a implementar los primeros compromisos suscritos, que incluye la liberación de 230 presos políticos y la restitución de las libertadas ciudadanas. 

ALIANZA BUSCA LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS EN MAYO

Esta mañana, los integrantes de la Alianza Cívica decidieron regresar al Incae, donde desde el pasado 27 de febrero se desarrollan las negociaciones con los delegados del régimen, para dar seguimiento a la implementación de los acuerdos, propuesta por los testigos y acompañantes de este proceso, promovido para encontrar una salida a la crisis que enfrenta Nicaragua a consecuencia de una escalada represiva y violatoria de libertades que ha dejado al menos 325 muertes, más de 700 presos políticos y miles de ciudadanos forzados al exilio.  

Juan Sebastián Chamorro explicó que su interés es acelerar la liberación de los presos políticos al mes de mayo, y no hasta el 20 de junio cuando se vence el plazo inicial ofrecido por el régimen, que es lo propuesto por los testigos y acompañantes. "Lamentablemente el gobierno entró con este tranque", comentó Chamorro al alusión a la pretensión del gobierno de que le sean retiradas las sanciones internacionales.

"Las razones por las cuales existen sanciones es por la represión del gobierno, es incongruente estar llamando a la eliminación de sanciones en un escenario donde no se ha movido en nada con relación al restablecimiento de las libertades cívicas", enfatizó Chamorro.

Chamorro señaló que la preocupación y temor del gobierno por las sanciones internacionales son razonables, "cuando tenemos al principal banco del régimen que no puede emitir un solo cheque y tiene que liquidarse, ahí estamos hablando que le cercenás las manos financieras, de un instrumento importante", refiriéndose a Bancorp.

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La Alianza informó que regresan a tratar cinco puntos en particular:  

1. La liberación progresiva de presos políticos y personas detenidas en el mes de mayo. 
2. Que todo proceso de liberación se hiciera con la participación de la Comité Internacional de la Cruz Roja. 
3. Invitación a garantes internacionales para el Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas. 
4. Liberación jurídica para nicaragüenses, tanto en el país como en el exterior, que enfrentan causas judiciales abiertas pero que no están detenidos. 
5. Libertad de expresión, que incluye liberación de materia prima en aduana

Estos puntos -- dijo Chamorro-- son compromisos potenciales para "destrabar y sacar del estado de emergencia en que se encuentra el diálogo".