Zarpazo orteguista al agua: reforma abre camino a la privatización y debe ser rechazada, plantea experta

Organizar un debate nacional, así como la introducción de recursos de amparo, es lo que propone Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Plataforma Nacional del Agua, luego que 74 diputados ante la Asamblea Nacional aprobaran este jueves las reformas a la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620). Ha quedado zanjado el camino para la privatización del recurso, sostiene la experta.

“Nosotros vamos a llamar a la gente que todo el mundo los introduzca (los recursos de amparo) eso no quiere decir que te los van a respetar, pero es un acto soberano de cada persona de cada ciudadano frente a este atropello, vos no te podés quedar callada frente a este atropello de esta magnitud”, declaró Herrera.

La especialista expresa que la aprobación de las reformas es una “agresión” a quienes luchan por la conservación de los recursos hídricos en Nicaragua ya que no fueron consultados por los diputados de la Asamblea Nacional. Recordó que la Ley General de Aguas Nacionales fue una iniciativa que surgió de la iniciativa ciudadana, “no fue de la calentura de los diputados”.

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Por eso, llamó a los usuarios a resistir el “zarpazo” ya que esta ley es para privatizar el agua. La población “tiene que enojarse y tiene que actuar y desarrollar formas de resistencia diversas”, manifestó.

EL ESTUDIO QUE NO DIVULGAN

Las reformas a la Ley General de Aguas Nacionales, según la administración de Daniel Ortega, se basa en un estudio que financió el Banco Mundial, pero hasta la fecha dicho documento no se conoce. Uno de los cambios que lleva dicha reforma es que desaparece el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y sus competencias son asumidas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Los diputados sandinistas sostienen que la reforma no conlleva la privatización del agua, pero Herrera dice que mienten. Ella explica que tras realizar minucioso análisis, artículo por artículo, logro identificar que los cambios apuntan a privatizar el recurso.

“De hecho todo el énfasis está puesto en los agentes económicos que van a entrar y yo quiero ver como esos agentes económicos van a mandar a reforestar, van a mandar a infiltrar el agua, van a mandar a hacer las obras de reconstrucción de las fuentes que se han ido perdiendo para saber administrar los pozos, los manantiales o las represas”, indicó Herrera.

LA QUEJA DE LOS EMPRESARIOS

La coordinadora de la Plataforma Nacional del Agua los retó a ir a privatizar el agua en las zonas de Mozonte, Dipilto, Ocotal, “a ver cuántas empresas van a concursar para administrar la tragedia de que desaparecieron las fuentes de agua”.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) Michael Healy, declaró el pasado miércoles que la reforma a la Ley está diseñada para controlar el recurso natural con fines recaudatorios.

Manifestó que las intenciones son de “controlar, centralizar, polarizar y seguir institucionalizando conforme sus intereses partidarios”.

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Los empresarios también criticaron que la reforma dejó en manos de la Presidencia “el establecimiento y las modificaciones de los cánones por el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y vertidos”. De ahí que sostienen que esta reforma traerá “la reducción de la productividad y la competitividad de diversos sectores de nuestra economía, y no apuntan beneficio alguno para los usuarios”, sostuvo el líder gremial.

Entre los cambios de la Ley de Aguas Nacionales está la restricción de apoyos sociales, que pueden significar la reducción de subsidios y de facilidades para los llamados Comités de Agua Potable (CAPs), compuestos por grupos de personas que emprenden iniciativas para instalar sus propios suministros, especialmente en zonas donde el Estado no brinda el servicio.

El acceso al agua potable y saneamiento es uno de los problemas más sentidos en Nicaragua, ya que hasta 2019 no alcanzaba el 50 % de la población, datos de la no gubernamental Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua.