Reforma que busca privatizar el agua entrará en vigor en 30 días

La reforma a la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620) entrará en vigor el próximo 23 de diciembre. Este lunes, la Asamblea Nacional incorporó el texto modificado, que según expertos abre la ruta para la privatización del recurso, en el diario oficial La Gaceta. Con este paso, inicia la cuenta regresiva de un mes para que sea aplicada.

La reforma fue aprobada por la aplanadora sandinista en el Parlamento el pasado 12 de Noviembre. Ortega dio paso a las reformas argumentando que es un proceso de modernización y ordenamiento de las instituciones del sector hídrico que “conlleve” al uso racional del agua.

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Según la Administración de Daniel Ortega, las reformas están  sustentadas en un estudio financiado por el Banco Mundial, sin embargo el documento no ha sido dado a conocer. Tras aprobarse, desaparecerá el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), pasando todas las competencias a la Autoridad Nacional de Agua.

LUCRO Y CASTIGO A LOS MÁS POBRES

Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Plataforma Nacional del Agua, sostiene que la reforma allana el camino para privatizar el recurso que ya es limitado a buena parte de la población. “Esta reforma está hecha para construir las pistas y los caminos por donde va a circular la privatización del agua, es una ley para privatizar el agua, aunque no encontrés la palabra privatización, encontrás agentes privados”.

Indicó que una de las estrategias que está poniendo en marcha Enacal es incrementar las tarifas, maltratar a la gente, no dar mantenimiento a las tuberías para que la gente se decepcione de la empresa.

Por su lado, el Centro Humboldt también manifestó preocupación por las modificaciones a la norma, partiendo por su "carácter meramente extractivo, para 'asegurar' una distribución del recurso de agua disponible, sin considerar la posibilidad de fomentar la producción de agua, que asegure la sostenibilidad del consumo humano y otras actividades vinculadas a los medios de vida".

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En un documento público, previo a la aprobación de la reforma, Humboldt compartió sus consideraciones al respecto, y coincidió en que los cambios estaban orientados hacia la privatización del agua y un castigo a los sectores más vulnerables, "abriendo la entrada a la empresa privada, en el tema de captura, almacenamiento y distribución de agua para consumo humano y para actividades productivas, confirmando el carácter privatizador de la reforma".

Además, es una Ley que viene a establecer dentro de sus disposiciones un conflicto de interés en la Autoridad Nacional del Agua, al juntar dentro
de la misma institución la responsabilidad del cuido y preservación de los recursos hídricos, y, por otro lado, otorga los permisos y licencias a la empresa privada y otros usuarios.

Entre otras cosas, la organización ambientalista señala que los cambios limitan las posibilidades de subsidios para los sectores vulnerables, lo cual afecta de manera sensible a las comunidades rurales ubicadas en zonas dispersas y de difícil acceso.