338 ataques a la libertad de prensa en 2020, según la FVBCH

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) ha documentado este año al menos 338 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, entre las que destacan agresiones a periodistas, censura y la criminalización del periodismo independiente. 

Para Guillermo Medrano, coordinador del área de Derechos Humanos de la (FVBCH), el 2020 es el año “más deteriorado en el tema del acceso a la información pública. Ni las desgracias sensibilizan.”

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Medrano sostiene que a pesar de que este año ha estado marcado por dos situaciones de emergencia (Covid-19 y los huracanes Eta e Iota), el régimen Ortega-Murillo ha cerrado las puertas a los medios de comunicación en lugar de que las instituciones muestren apertura y brinden información.

AGRESIONES Y ATAQUES

De acuerdo al conteo de la FVBCH, 129 de los 338 casos registrados en el año, son de agresiones y ataques a periodistas y medios de comunicación. Le siguen 74 casos de abuso de autoridad.

“Lo peor del 2020 es que luego de varios intentos el régimen aprobó dos leyes contrarias a las normas internacionales que intentan controlar más a la población”, añadió Medrano. 

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Esas leyes son la denominada “Ley Mordaza” y la imposición de la pena de cadena perpetua en el país. 

VIENE UN 2021 COMPLEJO PARA EL PERIODISMO

Para Medrano, el 2021 presenta “panorama gris casi llegando a oscuro, pues el objetivo fundamental de Ortega siempre ha sido clausurar los medios de comunicación y crear un espejismo comunicacional”. 

También hace referencia a la implementación de las nuevas leyes y al hecho de que será un año electoral que no presenta garantías democráticas.

La FVBCH también señaló en su último informe de violaciones a la libertad de prensa que el régimen tiene una “marcada tendencia” a judicializar el trabajo del periodismo independiente. 

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La periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñisima fue condenada por un juez orteguista a pagar 120 días de multa por haber sido “encontrada culpable” por el delito de injurias y calumnias tras publicar un presunto caso de corrupción de la Alcaldía de El Rama. Además, es constantemente perseguida y amenazada en su casa de habitación por fanáticos orteguistas y elementos de la policía nacional.

Al igual que ella, otros periodistas han sido judicializados por delitos similares, tal como la periodista Elsa Espinoza o el periodista David Quintana. 

Según la Fundación, los ataques a la prensa independiente por parte del régimen son señales para atemorizar el trabajo periodístico. Pese al panorama represivo, dice Medrano, el periodismo independiente se ha fortalecido.