Asamblea Nacional: la fábrica de leyes de Ortega que costó más de C$682 millones en 2020

La Asamblea Nacional cerró este 10 de diciembre su trabajo legislativo 2020 con la aprobación de 16 leyes, 12 reformas y 36 decretos, la mayoría creadas para que Daniel Ortega controle, fiscalice y sancione a quienes le adversan: organizaciones de la sociedad civil, miembros de partidos políticos no alineados, pequeños y grandes empresarios, jóvenes con demandas de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y todo aquel que disienta de su régimen.

Ha sido un año de afinar las tuercas del súper aparato represivo en que ha convertido Ortega a las instituciones del Estado, que representó un egreso de 682. millones de las arcas públicas.

Quedó por fuera la demanda de reformas electorales que la oposición y la comunidad internacional demanda al régimen como salida a la crisis sociopolítica, y que el mismo Gustavo Porras, el sancionado presidente del órgano Legislativo, prometió que sería incluido en el plan de trabajo a principios de año.

En cambio, a contracorriente el Parlamento aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, la Ley de fortalecimiento al Issdhu -tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, a la Policía-, y la reforma en primera legislatura del artículo 37 Constitución Política, enviada por Daniel Ortega para establecer la pena de cadena perpetua en Nicaragua para castigar "crímenes de odio". Todas calificadas como instrumentos represores que violan los derechos ciudadanos.

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Como cierre, se aprobó la Ley de Rótulos, con la que fijó el pago de impuestos a las pulperías y distribuidoras, el control de los mensajes publicitarios y homogenizó las tarifas a las empresas de publicidad en todo el país.

REFORMAS A LA MEDIDA

De las 12 reformas aprobadas por el Legislativo este año, 10 fueron enviadas por Ortega muchas bajo la presión de las sanciones a funcionarios, instituciones y familiares por graves señalamientos de corrupción y violación de derechos humanos como es el caso del ministro de Hacienda Iván Acosta, la Policía y DNP Petronic, controlada por Rafael Ortega Murillo, hijo del dictador con Rosario Murillo y también sancionado por Estados Unidos.

La sanción a DNP Petronic obligó al Ortega a ordenar la creación de empresas sustitutas: Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización; la Empresa Nicaragüense de Explotación y Exploración de Hidrocarburos; y la Empresa Nicaragüense de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos; y la Empresa Nicaragüense del Gas.

También obtuvo el visto bueno la reforma a la Ley General de Aguas, en la que expertos en la materia encontraron oculta la intensión de privatizar este servicio público.

Mediante reforma, Ortega además dolarizó los servicios migratorios y estableció multas de 150 dólares por ingresar o salir del país por puntos ciegos. Además modificó la Ley de Marcas y otros signos distintivos y la Ley de Patentes de Invención, con lo que impuso a las empresas actualización de registros y el pago de nuevos aranceles.

ASAMBLEA NACIONAL CON SERVICIO EXPRÉS PARA ORTEGA

Por ese trabajo la Asamblea Nacional dispuso de 682,291,641 millones de córdobas del Presupuesto General de la República. Analistas y economistas consultados critican que el ejercicio legislativo haya sido relegado al de "firmar y sellar" los pedidos de Ortega.

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El economista Enrique Sáenz considera que los diputados se han convertido en funcionarios operativos, una especie de "sirvientes del dictador", porque perdieron la capacidad de legislar y la independencia. Sustenta su afirmación en las aprobaciones exprés de todas las leyes, reformas y decretos que este año el Ejecutivo con trámites de urgencia. Ninguna pasó por las comisiones parlamentarias.

Añade que los legisladores "se hacen de la vista gorda" al no convocar a elección los cargos vencidos en los diferentes poderes del Estado, entre ellos los magistrados del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia.

"A pesar de tener una función primordial como es la elección de los titulares de los órganos del Estado, pues simplemente allí están ejerciendo en la práctica con plazos vencidos", cuestiona el analista quien considera que los 7.6 millones de córdobas anuales que le le cuesta cada diputado al país son exceso cuando no están cumpliento su función.

Según Eliseo Núñez la inversión que se hace en la Asamblea Nacional, es una “pérdida neta”, ya que Ortega controla los 70 votos de la bancada sandinista y a eso se suma el dominio que ejercen los partidos sobre los diputados, ya que si un parlamentario no hace lo que el presidente de la agrupación política dice, simplemente lo sacan del juego.

 “Todo es perdida, porque no hay gente que trabaje por el elector, toda esa gente trabaja por su partido político, sino lo corren”, expuso Núñez.

El jurista José Antonio Pereza opina que el trabajo legislativo está encaminado a que Ortega pueda perpetuarse en el poder y “gane” las próximas elecciones programadas para el 7 de noviembre del 2021.

“A eso parece que se ha reducido la labor legislativa y definitivamente el Estado de Nicaragua está gastando millones de dólares en diputados que prácticamente no representan a la población nicaragüense”, coincide.

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Añade que temas como las reformas electorales que incluyen la no reelección presidencial, ganar con el 51% y la fusión de las elecciones generales con las municipales, son temas que están alejados de los intereses de los parlamentarios controlados por Ortega.

CONTROL SOCIAL

El analista político Eliseo Núñez, coincide con Pereza en que el trabajo legislativo giró en torno a ejercer un mayor control social, con la aprobación del combo de leyes (Ciberdelitos, Agentes Extranjeros y reforma parcial a la Constitución) que dejó como consecuencia un ambiente de estado policial, dificultades en el ejercicio empresarial, y alta discrecionalidad de las autoridades que puede derivar en prácticas corruptas.

Según Núñez, esta legislación tiene por objetivo controlar la cooperación que reciben las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación independientes, así como toda transacción o donación de cualquier persona natural o jurídica cuyos fondos provengan del exterior. La norma fue aprobada a pesar del llamado de la comunidad internacional de no aprobarla ya que el régimen se exponía a más sanciones.

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Organizaciones sin fines de lucro, han desfilado en los últimos días en la Corte Suprema de Justicia para interponer recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros, también conocida como Ley Putin.

Otra de las polémicas leyes, es la de Ciberdelitos, la que, según el gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), luego de la aprobación de esta norma, demandó al Estado de Nicaragua que dejara sin efecto su implementación, ya que “forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONG y atacar libertades públicas en Nicaragua”.

LEGITIMAR ACCIONES AUTORITARIAS

Para el analista Humberto Meza, el régimen de Ortega por medio de estas leyes quiere darle legitimidad a acciones que ya comete de facto. “La aprobación de leyes le da una vestimenta legal a implantaciones autoritarias que podía hacer de hecho”, comentó Meza.

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De cara a las elecciones del 2021 “eso va a evitar que el proceso electoral en sí, que ya es cuestionado, no se cuestione aún más al punto que sea completamente ilegitimo”, valora el experto.

Eliseo Núñez agregó que los legisladores discutieron leyes, decretos y acuerdos relacionados a la inversión pública y economía, los cuales se relacionan a la aprobación de préstamos con entidades financieras internacionales, que al final del día ocasionarán un mayor endeudamiento del país.

“Allí entran todas las reformas que estuvo haciendo Ortega para las inversiones para la del gas y preparando al país para la privatización del agua, esto se viene preparando de hace tiempo”, sostuvo Núñez.

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SIN INICIATIVA

Una de las críticas del analista José Antonio Peraza a los diputados es que no se preocupan por los efectos de la pandemia del Covid-19 en la población, tampoco lo están por las afectaciones que causó el paso de los dos huracanes por el país.

“No toman iniciativa absolutamente por nada, porque esos diputados no son diputados, porque no representan a la generalidad del pueblo de Nicaragua más bien están en función del dictador”, censuró Peraza.

De esta crítica tampoco se salvan los diputados liberales, a los que Peraza considera una “vergüenza”, ya que han hecho acuerdos con la bancada sandinista para mantenerse en sus escaños. “Ese es un poder del Estado sin ninguna independencia, que depende del Ejecutivo y que por tanto, es una aberración que reciban salarios, tengan prebendas y que además se autonombren padres de la patria y le hacen un daño al pueblo de Nicaragua”, comentó Peraza.