El retiro de ONG sueca confirma el riesgo de una salida en serie de cooperantes a causa de la Ley de Agentes Extranjeros

La Ley de Agentes Extranjeros generará un retiro progresivo de Organizaciones No Gubernamentales que ejecutan proyectos dirigidos a atender a los sectores de la población nicaragüense más vulnerables. Es el panorama que avizoran expertos tras la entrada en vigor de la legislación que clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos”.

Está en riesgo la cooperación para el desarrollo, opinan los analistas consultados por DESPACHO 505, quienes ven en el anuncio del retiro de la organización We Effect, de Suecia, no un hecho aislado si no el inicio de un efecto dominó que, al final, irá en perjuicio de los ciudadanos en condición de pobreza o pobreza extrema.

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La gravedad radica en la falta de capacidad del país para atender a esos grupos poblacionales que quedarán desprotegidos.

We Effect es la primera organización en anunciar su salida de Nicaragua a causa de la norma conocida como Ley Putín. Acumulaba 35 años de presencia en el país, prestando asistencia al campesinado, como parte de un programa de lucha contra el hambre y la pobreza; pero tras analizar la nueva legislación, la organización asegura no haber encontrado "ninguna forma viable" de evitar el registro y de hacerlo "sería imposible para la organización realizar un trabajo pertinente de cooperación para el desarrollo en el país”, según el comunicado divulgado el pasado 11 de diciembre.

Amarú Ruiz, presidente de la Fundación del Río, organización que fue despojada de su personería jurídica por la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional en diciembre del 2018, interpreta el retiro de la ONG sueca como “un primer mensaje” de la cooperación internacional a Daniel Ortega de que no se van a supeditar a lo que les imponga a través de "leyes arbitrarias".

“No es de extrañarse, que otras organizaciones internacionales se retiren, te puedo decir que otras agencias de cooperación importantes para el país están evaluando si continúan o no , eso es peligroso porque estamos hablando de fondos que van en beneficio de la población”, plantea.  

COOPERANTES NO CONFÍAN EN UN RÉGIMEN

Está en juego la cooperación para el desarrollo y el derecho de la población a acceder a estos proyectos que gestiona la sociedad civil, enfatiza Ruiz quien tiene una larga trayectoria de trabajo comunitario en material ambiental.

Agrava el panorama la persecución, asedio y las represalias administrativas para anular a organizaciones con larga trayectoria en gestión y administración de programas sostenidos con cooperación internacional.

“La cooperación desconfía del manejo de los recursos del Estado. Y es por eso que vemos proyectos como el del Covid-19, que le pusieron al Estado nicaragüense una organización que fiscalice el proceso de transparencia del uso de esos recursos”, ejemplifica el presidente de Fundación del Río.

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Menciona también las denuncias sobre la entrega por afinidad partidaria de la ayuda dirigida a los pobladores del Caribe Norte de Nicaragua afectados por el impacto de los huracanes Eta e Iota.  Ruiz, indicó que es “ilegal” y “cuestionable” que un Estado le ponga la bandera de un partido político -FSLN- a la ayuda humanitaria, tal y como lo ha hecho Ortega.

En cambio, las Organizaciones No Gubernamentales que reciben fondos de cooperación implementan mecanismos de transparencia de los recursos, incluida la rendición de informes de ejecución de sus proyectos ante la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Gobernación, entre otras instancias. Además, están sujetos a establecer mecanismos de fiscalización como auditorías internas y otros instrumentos establecidos por los donantes, lo cual aporta “confianza” a la cooperación internacional.

CONTROLAR AYUDA

La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada por la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional el 15 de octubre y cuatro días después entró en vigor. Por medio de ella se obliga a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento de organismos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros”. Una vez inscritos, no pueden realizar en “actividades políticas” y establece sanciones que van desde multas y confiscaciones de bienes hasta la cárcel.  

El sociólogo Oscar René Vargas cree que los donantes no están a gusto con que duden del trabajo que realizan en el país. “La gente (donantes) ve que la voluntad del Gobierno es de controlar o que se vayan del país. Y al irse va a tener un efecto negativo en la pobreza”.

El Banco Mundial define como pobreza a vivir con un ingreso inferior a los 3.2 dólares por persona por día. Según las proyecciones, Nicaragua terminará el 2020 con un aumento un 15.1% de su población en esa condición, es decir, que este año a la lista de pobres del país se sumarán 350,000 ciudadanos, según datos del organismo financiero cortados a octubre del presente año.

"La pandemia de la Covid-19 (Coronavirus) sumada a la violencia de los últimos años, la pérdida de empleos y una caída en la confianza de los consumidores y de las empresas, más un declive en sectores como construcción, comercio y turismo han tenido un alto costo social y económico, amenazando los esfuerzos logrados en la reducción de la pobreza desde 2005", indica el Banco Mundial en su informe.

LEY IMPACTARÁ LA ECONOMÍA LOCAL

Es un panorama crítico, dice Óscar René Vargas tomando en cuenta la poca capacidad Estatal para atender las necesidades de la mayoría, y como ejemplo señala la meta de matricula 2021 de 1.7 millones de estudiantes: “en el 2013, esa era la cantidad que estaba en la matricula inicial, siete años después la situación social en educación no ha mejorado para la población teniendo el apoyo de ONG internacional”.

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El economista Edmundo Jarquín considera que la Ley de Agentes Extranjeros no solo provocará el retiro gradual de las ONG, sino que también tiene un impacto negativo en la economía nacional, ya que “todo va a caer sobre sospechas en términos de financiamiento externo”.

Varios sectores han introducido recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros, pero Jarquín cree que los magistrados “No lo solo los van a engavetar, sino que los van a rechazar”, porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), están subordinados a los mandatos de Daniel Ortega.

PRESENTARÁN INFORME SOBRE REPRESIÓN A ORGANISMOS

Amaru Ruíz, anunció para el miércoles de la presentación de informe sobre la libertad de asociación durante los casi 13 años que lleva Ortega en la Presidencia donde expondrán los dos años del retiro de la personalidad jurídica a organizaciones que clasificó como "opositaras.

Según Ruíz, las organizaciones de la sociedad civil cuando comienzan a cuestionar las políticas públicas, la transparencia y la credibilidad se las clasifica como un “peligro” y como “opositores”.

“Por eso hay una visión del Estado de que somos organizaciones opositoras porque acompañamos a la familia, ¿por qué somos perseguidos desde el 2013? Por acompañar a los movimientos campesinos que luchaban contra (la construcción) del canal”, recordó el ambientalista.

El informe fue elaborado por la Fundación del Río y organización Popol Na, que es parte del grupo de organizaciones a las que la Asamblea Nacional despojó de la personería jurídica. Agregó que este documento será remitido a las delegaciones diplomáticas acreditadas en Nicaragua.