Cadena perpetua "es lo primero" que aprobará la Asamblea Nacional en 2021, anuncia Porras

La pena de cadena perpetua para castigar "crímenes de odio" será puesta en vigor en Nicaragua en enero de 2021. Aprobarla será "lo primero" que hará la Asamblea Nacional cuando retome la actividad legislativa que este 15 de diciembre fue suspendida por vacaciones de Fin de Año, anunció el sancionado presidente de ese poder del Estado, Gustavo Porras.

En su discurso, durante el acto de clausura de la Legislatura 2020, Porras informó que en cumplimiento "con la instrucción clara" que dio Daniel Ortega cuando mandó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a presentar la iniciativa de reforma constitucional para imponer la prisión de por vida en el país, en enero de 2021 el primer punto en la agenda del Parlamento será "completar" la reforma al artículo 37 de la Constitución Política que establece que la pena máxima de un condenado no debe superar los 30 años.

El pasado 10 de noviembre, con 70 votos a favor los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobaron en primera legislatura dicha reforma; sin embargo una modificación a la Constitución Política requiere de dos legislaturas.

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Porras dijo que también están trabajando en la reforma del Código Penal "para que esté correspondencia con la (aprobación de la cadena perpetua en la) Constitución".

Según analistas, esta reforma sería utilizada como medida de represión contra las voces disidentes al régimen de Daniel Ortega, algo que el mismo Porras admitió en medio de un discurso sobre "la reivindicación" que ésta representa para las mujeres, "porque la mayoría de esos crímenes de odio, atroces se cometen en violencia contra las mujeres, contra los niños, aunque también nosotros vimos cometer crímenes de odio, atroces, bárbaros, en condiciones sin ninguna justificación, por motivaciones políticas. Crímenes de odio son crímenes de odio”, enfatizó.

INSTRUMENTOS PARA REPRIMIR

El establecimiento de la pena de cadena perpetua, junto con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, han sido ampliamente criticadas dentro y fuera del país porque representan la consolidación de un sistema dictatorial en Nicaragua. Analistas y la comunidad internacional ha denunciado que son tres instrumentos peligrosos que no abonan a la salida a la crisis que afronta el país desde 2018 porque  contienen claras intensiones de agudizar la persecución, control y cárcel para opositores, dándoles legitimidad a esas acciones que violan derechos y libertades.

Porras, inició la clausura del trabajo legislativo 2020 lanzando ataques contra los grupos opositores a quienes tildó de terroristas responsables de crímenes contra policías, "héroes y heroínas víctimas del terrorismo", dijo. A los opositores los calificó de delincuentes, asesinos, criminales.

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"No podemos olvidar, nosotros no guardamos rencor, no somos vengativos, pero no podemos olvidar porque eso no puede volver a repetirse para eso legislamos por que todo fue financiado”, expresó el sancionado presidente del Parlamento, en correspondencia con la teoría del "golpe de Estado fallido" que mantiene el oficialismo para justificar el uso de la fuerza para exterminar las protestas ciudadanas de 2018.

Sin embargo, informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportan al menos 328 asesinatos con armas de fuego de alto calibre, en su mayoría civiles que participaban en las manifestaciones contra Daniel Ortega que estallaron en abril de 2018.

Porras también lanzó advertencia a los opositores a quienes se refirió como parte de una oligarquía por desaparecer: "Nosotros no estamos para legislar, para ninguna oligarquía o casta, estamos para legislar para el pueblo. Estamos aquí para aprobar leyes para el pueblo, no para los fulanitos, los sutanitos o una oligarquía que cada vez está más devaluada, decrépita y tendiendo a desaparecer", expresó.