Ataques a la libertad de asociación arriesgan cooperación y la Corte Suprema engaveta recursos

El régimen de Daniel Ortega se posiciona como el mayor violador a la libertad de asociación en la historia reciente de Nicaragua. Espionaje financiero y control administrativo, cierres arbitrarios de organizaciones de sociedad civil y persecución contra sus dirigentes han sido parte de las constantes violaciones a las diferentes formas asociativas, revela el Análisis de la Libertad de Asociación 2007-2020, presentado este miércoles por la Fundación del Río y la Fundación Popol Na. 

“Uno de los patrones que ha sido constante en todas estas etapas es el cierre absoluto de la vía administrativa (la administración pública no contesta ni una carta) y la falta de acceso a la justicia. Casi todos los casos de violaciones a la libertad de asociación que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no han sido fallados”, señalan las organizaciones. 

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Con el regreso al poder de Daniel Ortega en 2007, así como en sus tres periodos presidenciales consecutivos (2007-2011, 2012-2016, 2017-2021), la libertad de asociación se ha ido deteriorando drásticamente, advierten.  

En diciembre de 2018 el régimen a través de la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de nueve organizaciones sin fines de lucro y clausuró dos medios de comunicación. 

Asimismo, la recién aprobada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que obliga a toda persona natural y jurídica que recibe fondos de la cooperación internacional a registrarse como “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación, una medida que afectará directamente a la cooperación al desarrollo del país, advierte Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río y uno de los redactores del informe. 

“No hay acceso a justicia en todos los procesos que se han establecido en defensa del derecho a la libertad de asociación, pero una cosa más grave es que prácticamente está en peligro del derecho a la cooperación al desarrollo porque al criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, al establecer leyes que van en detrimento de sus derechos, al generar que varias organizaciones se estén yendo del país, al perseguir a los liderazgos, cerrar, intervenir, expropiar, eso causa que la cooperación se vaya”, señaló Ruiz. 

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En Nicaragua, la mayor parte de la cooperación al desarrollo no llega vía gobierno, sino vía organizaciones civiles y Ley de Regulación de Agentes Extranjeros podría generar una fuga masiva de donantes, siendo las familias y comunidades vulnerables las más afectadas, lamenta.  

“Siempre estamos de cara al recurso por inconstitucionalidad contra el marco de leyes que ha puesto el régimen, pero aquí es necesario un diálogo con la cooperación internacional y las organizaciones de sociedad civil para que la cooperación al desarrollo no desaparezca de Nicaragua”, indica el director de la Fundación del Río.  

LA MORDAZA 

En el informe además advierten de los peligros que representa la inminente entrada en vigencia de la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”.  

La nueva ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos “por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas”.

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La ley advierte que “si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada incita al odio o la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana” se impondrá una pena de entre 3 a 5 años de prisión y una multa de entre 500 a 800 días de salario. 

Una de las constantes en todas estas etapas, es la falta de acceso a la justicia. “La mayoría de los casos de violaciones a la libertad de asociación que se presentan frente a estas arbitrariedades en los tribunales, no han sido fallados haciéndose evidente una retardación deliberada de justicia, pese a que las organizaciones han cumplido con los procedimientos jurídicos establecidos y han agotado el debido proceso”, concluyen.