ONU urge a Ortega reforma electoral y modificar leyes para que haya "elecciones creíbles”

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este miércoles al régimen de Daniel Ortega adoptar “urgentemente” una reforma electoral efectiva que garantice elecciones libres, justas y transparentes y la modificación de la “Ley Mordaza”, “Ley Putin” y “Ley de Inhibiciones”, con las que se viola el derecho a la libertad de expresión, asociación y participación política de los opositores de cara a las elecciones del 7 de noviembre.  

“El Gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”, indica Bachelet en un nuevo informe sobre Nicaragua que presentará este jueves en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.  

Sobre la reforma electoral la ONU recomienda que el proceso de reformas electorales debe llevarse a cabo “a través de un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la oposición”.  

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La modificación propuesta a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, debería realizarse “con diferentes sectores de la sociedad civil y con expertos”. 

“Dado el debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua, existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes”, destaca la Alta Comisionada. 

IMPUNIDAD Y REPRESIÓN CONTINÚAN  

El hecho de que el régimen no reconozca su responsabilidad en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde que estallaron las protestas sociales hace casi tres años, ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones, agrega la Alta Comisionada.  

En su informe, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, expone las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades a las que se enfrentan las y los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos. 

“Fundamentalmente, la persistencia de la crisis sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más”, señala el informe. 

Los ataques, el acoso y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y elementos progubernamentales han persistido en los últimos 18 meses contra opositoras y opositores políticos, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y cualquier persona que el Gobierno perciba que tiene opiniones discrepantes.  

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“Se ha impedido que la gente se manifieste pacíficamente, y los que lo han conseguido han sido sistemáticamente objeto de ataques por parte de las fuerzas del orden o de elementos progubernamentales”, denuncia el organismo.  

Según la sociedad civil nicaragüense, al 7 de diciembre de 2020, hay menos 110 presos políticos incluyendo 13 que permanecen detenidos desde 2018. El informe detalla que algunas de las personas detenidas habrían sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos. 

“Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”, insiste Bachelet. 

REITERA PETICIÓN DE INGRESO AL PAÍS 

En sus recomendaciones a Nicaragua, además de la implementación de una reforma electoral, Bachelet llama a reanudar la comunicación constructiva con su Oficina Regional de Panamá para discutir la cooperación técnica y otorgar acceso al país.  

Bachelet había solicitado ingreso de una misión a Nicaragua antes de la presentación de este informe, pero el régimen de Daniel Ortega no respondió a su llamado.  

“Aunque me alienta ver que ha habido algunas señales recientes de apertura por parte del Gobierno en la colaboración con las agencias de la ONU en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y a la destrucción causada por los dos huracanes, lamento que las autoridades no hayan aceptado nuestras reiteradas ofertas de acceso al país y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país”, dijo Bachelet.