CIDH otorga medidas cautelares a padres de Teyler Lorío, el bebé asesinado en junio de 2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a favor de Nelson Gabriel Lorío Sandoval y Karina Alejandra Navarrete Sánchez, padres de Teyler Lorío Navarrete, el bebé de 14 meses y 16 días asesinado de un disparo en la cabeza en junio del 2018, en el contexto de la represión del régimen de Daniel Ortega a las protestas antigubernamentales.

La medida cautelar de la CIDH también abarca a una hija del matrimonio y a un sobrino de Karina. La CIDH considera que están en situación de riesgo “a raíz de su búsqueda por justicia en el alegado asesinato por policías y paramilitares de su hijo”.

Este martes se cumplen 33 meses del asesinato. La mañana del 23 de junio de 2018 el bebé fue asesinado de un certero disparo en la cabeza cuando era cargado por su papá en las calles del barrio Américas Uno. En una esquina mientras escuchaba disparos de presuntos policías y paramilitares, el papá se volteó para ver de dónde provenían. En ese momento una bala impactó el cráneo del bebé. El matrimonio Lorío - Navarrete señala a policías y paramilitares como los presuntos autores del crimen.

En el hospital las autoridades de salud entregaron un acta de defunción que atribuye la muerte a una “herida por arma de fuego en el cráneo”. Pero en una primera epicrisis habían dictaminado “muerte por herida de arma blanca” y en “sospecha de suicidio”.

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En una nota de prensa, la Policía Orteguista responsabilizó a “delincuentes que asedian los barrios aledaños a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli)”, en referencia a los manifestantes que protestaban contra Ortega. Los padres de Teylor padres no dieron crédito a la versión oficial y desde ese día exigen justicia.

"En ese marco, se observó que las personas beneficiarias habrían adquirido gran visibilidad en su búsqueda por justicia en el referido caso del niño Teyler Lorío Navarrete, señalando públicamente como responsables a agentes estatales", consideró la CIDH.

PERSEGUIDOS

Tras analizar la información disponible, a la luz del contexto aplicable y las constataciones realizadas, la CIDH concluyó que la información presentada demuestra que los derechos a la vida e integridad personal de Nelson Gabriel Lorío Sandoval y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia.

Las personas beneficiarias son blancos de seguimientos y hostigamiento desde 2018. Policías y paramilitares de régimen les vigilan y acosan a diario en su domicilio. Toman fotos frente su casa "de cada una de sus actividades diarias". Al respecto, la CIDH notó la seriedad de tales alegatos, los cuales involucran directamente a agentes estatales. También se observó que, según la solicitud, la situación de riesgo alegada se extendería al núcleo familiar de Nelson Lorío y Karina Navarrete. Así, su sobrino, el beneficiario Ángel Gabriel Umaña Navarrete, habría recibido amenazas en el sentido de lo "metería preso" y "que le montarían droga".

En octubre del 2020, Lorío fue apresado por varias horas luego de participar en una reunión de la Coalición Nacional.

Nelson Lorío, el papá de Teyler, agradeció el otorgamiento de dichas medidas asegurando que “la lucha y búsqueda de justicia debe seguir, porque el Estado criminal nicaragüense va a tener que responder”.

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ESTADO DEBE IMPLEMENTAR MEDIDAS

En su resolución la CIDH le solicita al Estado de Nicaragua que adopte medidas para garantizar la vida e integridad de Nelson Lorío y su núcleo familiar.

“El Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros”, expuso la CIDH.

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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expuso en un comunicado que el régimen de Daniel Ortega debe de poner fin a las agresiones a las personas que demandan justicia, verdad, reparación y no repetición.

“Para el Colectivo el presente caso evidencia la impunidad que existe en Nicaragua. Contrario a su derecho de verdad y justicia, la familia Lorío continúa recibiendo hostigamientos, acoso y persecución como represalia por exigir justicia por el asesinato de su bebé”, denunció el organismo.