Irregularidades, abusos y violaciones en "investigación" contra la FVBCh

El proceso de investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FBVCh) por supuesto lavado de dinero se ha desarrollado en medio de irregularidades, abusos y violaciones, tanto a la ley como a los derechos humanos de los acusados.

Estas arbitrariedades fueron expuestas este lunes por la exdirectora de la Fundación, Cristiana Chamorro, quien informó que los familiares de los dos exfuncionarios de la FVBCh, Walter Gómez y Marcos Fletes, no han recibido información sobre su paradero. Ambos fueron detenidos la noche del viernes por policías y paramilitares, acción que la aspirante presidencial calificó de una operación tenebrosa.

Según Chamorro, "no existe hasta ahora información clara ni veraz de los hechos que constituyen el delito de lavado de dinero que se acusan a la Fundación". Para el experto en derecho penal y exfiscal, Julio Montenegro, miembro de Defensores del Pueblo, el punto de partida de irregularidades en el caso es que no se ha detectado ningún origen ilícito para considerarse como lavado de dinero, "por lo que no debería haber dicha acusación".

Según Montenegro, otra arbitrariedad es la situación misma de las entrevistas que se han realizado en contra periodistas y directivos de medios de comunicación, quienes han sido citados a comparecer ante la Fiscalía para buscar vínculos con la FVBCh y a quienes se les ha negado ser asistido por sus abogados.

Desde el inicio del proceso, el pasado 20 de mayo, el Ministerio de Gobernación impidió a Cristiana Chamorro que fuese acompañada de su abogado y el caso pasó inmediatamente a la Fiscalía, sin permitirle el derecho a presentar documentos.

"Sea acusado, o sea testigo es un derecho ciudadano de una persona que sea asistida por un especialista en leyes, toda persona tiene derecho a la defensa y no significa que sea responsable de algún hecho. Si es procesado no tiene derecho a autoincriminarse porque está prohibido por la ley y si es como testigo se invita a hablar de lo que conocen, nunca se amenaza a un testigo porque la coacción ya vicia cualquier proceso", explicó Montenegro.

DE TESTIGOS A IMPUTADOS

Incluso, a los primeros tres citados ante la Fiscalía para comparecer pasaron de ser testigos a imputados del caso por exigir ser acompañados por sus abogados. "Pedir ser asistido legalmente no es motivo para cambiar de entrevistados a imputados porque cuando un fiscal tiene un caso lo que hace es orientar jurídicamente a la Policía para que indaguen qué elementos sostienen, para que estos elementos de prueba revistan de un carácter de legalidad", expuso Montenegro.

De acuerdo al experto en derecho penal y exfiscal, la misma detención de los dos exfuncionarios de la FVBCh representa otra irregularidad porque se viola el derecho de presunción de inocencia de los investigados, porque se dio sin ninguna orden judicial, con violencia y porque se le ha negado información de su paradero a sus familiares.

"Lo normal debería de ser aplicar la norma, el derecho a presumirse inocente, a no declarar en contra de uno mismo, a que cuando sea entrevistado como testigo sea acompañado de un conocedor en leyes, a comunicarse con sus familiares como el caso de los dos miembros de la Fundación Violeta Barrios, pero la norma no se está aplicando", refiere Montenegro.

OPERATIVO POLÍTICO DISFRAZADO DE INVESTIGACIÓN PENAL

Para el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo Nicaragua Nunca +, todo el proceso de investigación por lavado de dinero no es más que "el desarrollo de un operativo eminentemente político". "Para este fin se utilizan los tentáculos que tiene la dictadura como son la Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Gobernación y que funcionan como operadores políticos", manifestó Carrión.

Según Carrión, lo que ha venido haciendo el régimen orteguista con este proceso representa una suma de arbitrariedades que por ende violan los derechos constitucionales que tiene todo nicaragüense. "Por ejemplo los dos trabajadores de la Fundación que fueron secuestrados, se les ha privado de la libertad violentando sus derechos y garantías como comunicarse con un abogado, comunicarse con su familia, todas esas son irregularidades", señaló Carrión.

Carrión considera que el secuestro de los dos exfuncionarios de la FVBCh está en la línea "de armar el caso contra Cristiana Chamorro y todos los periodistas". "Quieren pringar de cualquier cosa con los dos extrabajadores a la precandidata presidencial, ¿cómo?, basado en la tortura, en la intimidación y el terror para incriminar a Chamorro. Entonces, es un proceso muy plagado de inconstitucionalidad y de irrespeto a los derechos humanos no solo de los presos, si no que de todos los que están siendo perseguidos en este contexto", culminó Carrión.

Chamorro detalló en conferencia de prensa las irregularidades presentadas en el secuestro de Gómez y Fletes. Primero, según Chamorro, se les ha negado el derecho a la defensa, contemplado en el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua; también se le ha realizado una audiencia secreta sin la defensa de los abogados defensores además de violar la presunción de inocencia de los imputados.

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"Han presumido la culpabilidad de Marcos y Walter aun cuando ellos se presentaron voluntariamente ante el Ministerio Público y han sido presentados como culpables", expuso Chamorro. Otra de las violaciones a los detenidos es que no fueron informados de los cargos que se les imputa, derecho contemplado en el artículo 33 de la Constitución Política.

"Se desconoce bajo qué cargos concretos se les acusa al momento del secuestro y no se les brindó ninguna información ni a ellos ni a sus familiares", señaló Chamorro. Agregó que a los secuestrados tampoco se les ha respetado el derecho a comunicarse con sus familiares ni con sus abogados dentro de las primeras tres horas de su detención como lo establece el artículo 95 del Código Procesal Penal.

La Policía y la Fiscalía tampoco han brindado información de la ubicación de los detenidos. "Se encuentran completamente aislados e incomunicados como mecanismo de presión y seguramente sometidos a las torturas que ya sabemos que ellos imponen a los reos", dijo Chamorro. Ambos extrabajadores de la Fundación son investigados junto a Cristiana Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero.