Parlamento Europeo condena escalada represiva del régimen

El Parlamento Europeo, una de las máximas instancias de la Unión Europea (UE), ha condenado de forma “enérgica” los arrestos “sistemáticos” de cuatro precandidatos presidenciales y líderes de organizaciones políticas del país, entre ellos antiguos cuadros del Frente Sandinista Liberación Nacional (FSLN), el partido de Daniel Ortega. 

Los eurodiputados han calificado las acusaciones como “endebles” y se muestran alarmados por “la escalada de represión en Nicaragua el fin de semana pasado, cuando cinco líderes opositores más fueron detenidos”, en referencia a Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Suyén Barahona, y Ana Margarita Vigil. 

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La declaración fue firmada por los presidentes de la Comisión de Exteriores y la Delegación del PE para las Relaciones con los países Centroamérica, David McAllister y Tilly Metz. Ambos han pedido la liberación inmediata e incondicional de Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastian Chamorro. “El Parlamento Europeo ha mantenido un buen contacto con muchos de los líderes detenidos, a los que trasladamos nuestra solidaridad”.

LEY PUTIN ES INCONSTITUCIONAL 

Los europarlamentarios también considera que la “inconstitucional” Ley de Agentes Extranjeros, aprobada a finales del año pasado por la Asamblea Nacional, en la que se basan las acusaciones contras los opositores, debe “ser derogada de inmediato”, así como a la “Ley Especial de Ciberdelitos” y la “Ley contra los Delitos de Odio”. 

“Estas normas sirven al Gobierno de Daniel Ortega como una herramienta represiva para silenciar a sus críticos, aumentando constantemente el número de víctimas de dicha represión y agravando aún más el clima general de intimidación y amenazas, lo que lleva a violaciones inaceptables de los derechos humanos”, dice el comunicador.

También se hacen eco de la criminalización y persecución judicial de defensores de derechos humanos, sociedad civil, medios independientes y periodistas por parte la dictadura, por lo que las consideran inaceptable, por tanto deben cesar. 

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“Estos últimos hechos alejan aún más una solución pacífica y democrática a la crisis política en Nicaragua. Socavan la credibilidad de un proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la (UE)”, dijo. 

“Pedimos al Gobierno de Nicaragua que garantice elecciones transparentes, libres y justas de acuerdo con los estándares internacionales”, dijo.