Congresistas demandan al secretario de Estado, de EE.UU. Antony Blinken acciones firmes y rápidas contra el régimen de Ortega

Una respuesta firme y rápida fue la petición que hicieron unos 17 congresistas al secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, en la que además le expresan que el régimen de Daniel Ortega se encamina a la consolidación de una dictadura de partido único, ya que en las últimas tres semanas ha arrestado a cuatro aspirantes a la Presidencia y a unos 11 líderes de la oposición a menos de cinco meses de las elecciones generales.

Los congresistas manifestaron que dada la proximidad de las elecciones no es casualidad que se den estos actos, con los cuales Ortega pretende silenciar a sus posibles contrincantes e impedir que en Nicaragua se lleven a cabo un proceso electoral justo y libre.

“Cualquier esperanza de un proceso electoral legítimo se está deteriorando rápidamente", añaden los congresistas, quienes consideran que Ortega ha emprendido una campaña para "eliminar a la oposición política. Las acciones del régimen Ortega-Murillo merecen una respuesta inequívoca e inmediata”-

En su carta al secretario Blinken, los congresistas expresan que todos los detenidos enfrentan cargos sin pruebas sustanciales, “como parte de un esfuerzo concertado para criminalizar la disidencia”.

“Dado el rápido ritmo de la represión, esperamos que la situación se intensifique y el régimen envalentonado seguirá apuntando a los actores vulnerables de la sociedad civil, incluidos los jóvenes activistas, periodistas y líderes religiosos en los próximos días y semanas”, señalan los congresistas.

Cristiana Chamorro, aspirante a la Presidencia fue detenida el pasado 2 de junio acusada de los supuestos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, en perjuicio del Estado de Nicaragua, por medio de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), del que era su directora. Unos días antes, el 28 de mayo, dos excolaboradores de la oenegé, Marcos Fletes y Walter Gómez, fueron detenidos.

Mientras que Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, todos aspirantes a la Presidencia fueron acusados de “traición a la Patria” bajo la cuestionada ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Bajo esta misma norma también están arrestados, Violeta Granera; José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep),  José Pallais;  y los dirigentes Unión Democrática Renovadora (Unamos),antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Támara Dávila, Hugo Torres, Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona y Víctor Hugo Tinoco.

INSTAN A QUE SE APLIQUEN MÁS SANCIONES

Los congresistas agradecieron y apoyaron las sanciones que impuso Estados Unidos contra Camila Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes; al diputado y jefe de la bancada sandinista Edwin Castro; y al general del Ejército de Nicaragua Julio Rodríguez Balladares.

“Lo instamos a que continúe trabajando con el Departamento del Tesoro para aplicar más medidas específicas contra las personas del Ejército, la Policía y el ministerio de justicia que han ordenado y llevado a cabo estas violaciones de derechos humanos. Se debe hacer todo lo posible para coordinar las sanciones con Canadá, la Unión Europea y los socios regionales en América Latina y el Caribe”, indicaron.

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Los congresistas además le sugieren al Secretario de Estado Blinken, que “ejerza el liderazgo” en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), “para revisar “las consecuencias de las violaciones de Nicaragua a la Carta Democrática Interamericana y su prolongado incumplimiento de las reformas electorales encomendadas por la OEA”.

“Los socios estadounidenses e internacionales deben aplicar una presión diplomática y económica específica en el círculo íntimo del régimen de Ortega mientras minimizan las consecuencias residuales para el pueblo nicaragüense”, manifestaron los congresistas.  

Los congresistas piden sanciones individuales, contra los funcionarios del régimen de Ortega que socavan la “democracia, cometen abusos contra los derechos humanos o participan en actos de corrupción, que no están dirigidos a la población en general”.