Unas horas después de que 26 de los 34 países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) votarán a favor de una resolución en la cual se exige la liberación inmediata todos los presos políticos, incluidos cuatro aspirantes a la Presidencia, Daniel Ortega a través de la Policía al mando de su consuegro Francisco Díaz, respondió con la detención del presidente ejecutivo del Banpro Luis Rivas, elevando la preocupación por la falta de muestras de voluntad del régimen para resolver la crisis y el temor del impacto social, político y económico que eso tendrá.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, expresó que Nicaragua vive la crisis más grande de su historia y advirtió que las detenciones “inconstitucionales” golpearán más a los nicaragüenses.

“El Estado, con estas acciones está sumiendo al país en una crisis política más profunda, con consecuencias que erosionan la paz, la estabilidad política y económica que afectarán el presente y futuro de todos los nicaragüenses”, advirtió Healy al expresar su indignación “por tantos atropellos de las autoridades, por tanto atropello y falta de voluntad para resolver la crisis en la cual estamos sumergidos desde abril del 2018”.

Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), organización que encabeza la Alianza Ciudadana también expresó su preocupación por las detenciones, ya no solo de personas vinculadas a organizaciones políticas sino también contra funcionarios de grupos económicos. En Nicaragua se vive una situación “muy tensa”, dijo en una entrevista al Noticiero Enfoque Noticias de México.

“Los que estamos en política ya sabemos los riesgos que vivimos cuando estamos enfrentando una dictadura, pero ya están incluyendo en estas detenciones a personas del Sistema Financiero Nacional, la empresa privada y esto nos preocupa muchísimo”, manifestó Monterrey.

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Un economista bajo acuerdo de anonimato dijo a DESPACHO 505 que la detención del alto ejecutivo del Banpro, bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, “deteriora muchísimo más la frágil institucionalidad” del país.

Además, puso en perspectiva que el arresto de Luis Rivas afecta la credibilidad y generan desconfianza en el país y en su Sistema Financiero Nacional, “no por el Sistema Financiero Nacional, sino por las reglas del juego que priman dentro del Sistema Financiero”.

El economista expuso que todas las instituciones entre ellas la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera (Siboif), y el Banco Central (BCN) se deben al Poder Ejecutivo, es decir a Daniel Ortega.

“Cuando no hay confianza en un país, cuando no hay seguridad, ni seguridad jurídica, ni seguridad física, los flujos de inversión extranjera directa no van a asentarse en el país”, expuso el experto.

A eso se suma que la incertidumbre no contribuye al crecimiento de la economía, el Banco Mundial, en su última actualización en abril de este año, estima que el “crecimiento se recupere lentamente a 0.9 % para 2021, según los últimos pronósticos”. Estas cifras están lejos de las proyectadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) que estiman será entre el 2.5 y el 3.5%.

“Una economía nunca va a crecer en un ambiente de incertidumbre, una economía nunca se va a desarrollar o tener un despegue en una sociedad donde exista volatilidad institucional y no credibilidad y robustez institucional”, manifestó el economista.

El experto espera que la detención de Rivas, no provoque el retiro masivo de los depósitos, pero sí advierte que se podrían dar alguna salida.

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Comentó que tiene conocimiento que algunos directores de bancos han tenido que salir del país, “sí lo estaban haciendo antes, imagínese ahorita que ya sucedió esto (la detención de Rivas)”.

William Grisby, director de Radio La Primerísima, un medio afín a Ortega, advirtió este miércoles en su programa, que “falta La Fise, ve de verdad, un día de éstos" y les propuso que "quieren evitar la cárcel, quieren evitar ser acusados y eventualmente condenados por traidores a la Patria, dejen de hacerlo, acérquense al gobierno, a la Fiscalía, cuéntele lo que ha pasado, díganle que se arrepintieron y entreguen las pruebas. No hay problema, prevengan para no estar chipoteando”.

NO SE PUEDEN EXPRESAR LIBREMENTE

La presidenta de CxL indicó que, desde abril del 2018, cuando se dio el alzamiento popular, la economía se encuentra afectada, muchas empresas han cerrado operaciones, ha aumentado el desempleo y muchas familias se mantienen de las remesas familiares.

Monterrey manifestó que producto de las leyes “represivas” que ha aprobado la Asamblea Nacional dominada por el partido Sandinista, las cuales restringen las libertades de prensa, expresión, el derecho de participación política “se hace bien difícil que los nicaragüenses podamos expresarnos con libertad”.

La Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, con la cual han acusado a los dirigentes opositores “les da unas facultades discrecionales de poder decidir quién es traidor a la Patria y quien no”, expuso Monterrey.

“Estamos en una situación muy compleja donde el expresarnos libremente es prácticamente imposible y hay muchos temas de los cuales no podemos hablar porque con esa discrecionalidad cualquiera puede ser llamado traidor”, declaró la presidenta de CxL.