CIDH condena el grave escalamiento de la represión en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes "su enérgica condena por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua" con el encarcelamiento de aspirantes presidenciales, lideres opositores y empresarios bajo un régimen extremo de aislamiento que no les garantiza el derecho a la defensa.

La CIDH urgió al régimen de Daniel Ortega cesar la represión y liberar a todas las personas encarceladas "arbitrariamente", dice el organismo en referencia al arresto de los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; así como la criminalización de los líderes y lideresas políticos y personas defensoras de derechos humanos ocurridas entre el 8 y 14 de junio: Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, José Pallais Arana, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahone, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, quien además es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión. Asimismo, se tuvo conocimiento de la detención de Luis Alberto Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banpro el 15 de junio.

"Conforme a la información recibida, la CIDH advierte además que, el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes legales, y la mayoría se encuentran incomunicadas. Asimismo, la CIDH recibió información sobre la realización de audiencias "secretas", sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua", cita el organismo que también ha conocido sobre la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus o exhibición personal presentados.

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"Por otra parte, a través del MESENI, la Comisión ha recibido información y testimonios que indicarían el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional al momento de las detenciones. En la mayoría de los casos, se indicó el allanamiento de los domicilios, alegadamente, sin mediar orden judicial", expresa la CIDH.

REPRESIÓN PERMANENTE

La CIDH, advierte que desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, la situación de derechos humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho.

A la fecha, la respuesta violenta del Estado ha resultado en al menos 328 víctimas fatales; más de 2000 personas heridas; más de 100.000 personas que han migrado a otros países, la mayoría de ellas en busca de protección internacional; más de 1600 personas privadas de la libertad, ilegal y arbitrariamente en diferentes momentos de la crisis.

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De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, articulado por la sociedad civil local, hasta la fecha, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria.