Estados Unidos: “Vamos a seguir con acciones más contundentes contra Ortega y Murillo”

La revocación de visas a un centenar de funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua no será la última medida de presión que utilice Estados Unidos para promover unas elecciones libres y la rendición de cuentas por socavar la democracia y los derechos humanos en el país.  

“Vamos a seguir con más acciones contundentes. Las acciones de hoy son contundentes e importantes porque miran hacia las personas que están apoyando la represión en Nicaragua, pero no es la última acción que vamos a tomar”, advirtió este lunes Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.  

El funcionario indicó que, por ley, no revelarán la identidad de las personas que han perdido sus visas para poder ingresar a territorio estadounidense, pero son miembros de la Asamblea Nacional, Poder Judicial, fiscales, jueces y miembros de la familia presidencial que han apoyado acciones en contra de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. “Se puede mirar por los hechos la categoría de personas de las que estamos hablando”. 

“Llamamos al régimen a cambiar de rumbo en este momento, pero vamos a seguir con más acciones contundentes. La restricción de visa es un mensaje no solo a la pareja, sino a todos los actores que están intentando acabar con la democracia en Nicaragua”, dijo el funcionario estadounidense en una conferencia de prensa telefónica desde Washington.  

Ventrell explicó que seguirán trabajando en una presión multilateral contra el régimen para que haya condiciones mínimas de democracia en Nicaragua. Además, insistió en la necesidad de emprender una reforma electoral siguiendo las recomendaciones técnicas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la liberación inmediata de todos los presos políticos.

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LAS CAUSAS DE LA SANCIÓN

En el contexto de la crisis de Nicaragua, la política de restricción de visados del Departamento de Estados se aplica a los funcionarios nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos los responsables o cómplices de la supresión de las protestas pacíficas o del abuso de los derechos humanos, así como los familiares directos de dichas personas.

“En concreto, las personas a las que se dirige la acción de hoy han contribuido a posibilitar los ataques del régimen de Ortega-Murillo contra la democracia y los derechos humanos, entre otras cosas mediante”, señaló el Departamento de Estado.

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Entre los motivos de esta sanción se encuentra la detención de 26 opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos seis aspirantes a la presidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos.  

Estados Unidos también consideró la aprobación de leyes represivas, como la reforma a la Ley Electoral, una ley de “ciberdelitos”, una ley de “agentes extranjeros” y una ley de “soberanía”, “que han servido para restringir y criminalizar la expresión, la disidencia y la participación política”.