Amnistía Internacional: “Permanencia de Ortega es un recordatorio de la impunidad que prevalece en Nicaragua”

La reelección del dictador Daniel Ortega como Presidente de la República preocupa al organismo internacional de derechos humanos Amnistía Internacional porque significa “mantener las estructuras que han asegurado la impunidad” de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por Ortega y sus funcionarios. 

“Mantener las estructuras que han asegurado la impunidad no puede ser la base para la construcción del futuro del país. Para salir de la crisis se necesita que las violaciones a los derechos humanos se detengan, que los señalados como sospechosos sean investigados con imparcialidad y prontamente y que las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación”, reaccionó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, tras la inscripción de la candidatura de la fórmula del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), compuesta por Ortega y su esposa Rosario Murillo. 

LEA MÁS: Arranca carrera presidencial, marcada por candidatos desconocidos a medida de Ortega

Guevara planteó que mientras se anuncia la candidatura de Ortega, miles de víctimas de violaciones a derechos humanos siguen esperando justicia por los crímenes, por tanto la permanencia de Ortega como presidente de Nicaragua perpetuaría la impunidad. El régimen respondió a las protestas cívicas de 2018 con armas de fuego, causando la muerte de al menos 325 opositores, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también encarceló a más de 1,000 personas, de las que más de un centenar permanecen detenidas, entre ellas siete aspirantes presidenciales. 

Amnistía Internacional señala que para salir de la crisis se necesita que las violaciones a los derechos humanos se detengan, “que los señalados como sospechosos sean investigados con imparcialidad y prontamente y que las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación”.

“Durante la crisis de derechos humanos el gobierno de Ortega, quien actualmente ostenta su tercer mandato presidencial consecutivo, ha echado mano de los órganos judicial y legislativo para implementar tácticas represivas. Esto, en parte, ha permitido la construcción de un sistema que garantiza la impunidad y que individuos acusados de cometer crímenes del derecho internacional eviten comparecer ante la justicia y, en cambio, intenten obtener cargos de poder”, denunció. 

Ante ese panorama, el organismo internacional considera que los próximos comicios constituyen una oportunidad para enfrentar el legado de impunidad e iniciar un proceso donde “el pueblo nicaragüense pueda tener acceso a la justicia, la verdad y la reparación”.

Sin embargo, agrega, esto podría estar en riesgo si quienes lideran el nuevo Gobierno se convierten en el mayor obstáculo para la restauración de un país donde los derechos humanos sean una realidad. “El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho de voto y, por ende, deben protegerse plenamente. Sin embargo, en Nicaragua el ejercicio de estos derechos es parte de una realidad inalcanzable”, menciona una comunicación emitida en su sitio web.

“Actualmente ninguna persona acusada de cometer crímenes del derecho internacional está siendo investigada. Al contrario, Daniel Ortega se erige nuevamente como candidato a la presidencia, en cuyo cargo será inmune a cualquier investigación en su contra,” dijo Erika Guevara Rosas.

LE INTERESA: FSLN busca reelección de 47 de sus 70 diputados, incluidos seis con más de 20 años en el cargo

En ese sentido, llama a la comunidad internacional a no quedarse cruzada de brazos si algún individuo sospechoso de la comisión de estos crímenes está en su territorio, a la vez recuerda que el camino a las elecciones nicaragüenses se ha caracterizado por la comisión de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y asociación, y reiterados obstáculos al ejercicio de derechos políticos. 

Manifestó que de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, si existe una sospecha fundada del involucramiento de funcionarios públicos —en particular los que pertenezcan a los sectores militar, de seguridad, policial, de inteligencia y judicial— en crímenes del derecho internacional o graves violaciones de derechos humanos, no deberían continuar al servicio de las instituciones estatales, hasta tanto concluyan las investigaciones en su contra.