Opositores piden sesión extraordinaria de la OEA para declarar "ilegítimas" elecciones en Nicaragua

La agrupación opositora Iniciativa por el Cambio está solicitando a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque, a más tardar para el 15 de octubre, al Consejo Permanente para una sesión extraordinaria en la que el punto principal de agenda sea emitir una resolución declarando oficialmente la "ilegitimidad" de las elecciones presidenciales de Nicaragua previstas para el 7 de noviembre.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, Iniciativa por el Cambio llama a todas las organizaciones opositoras de Nicaragua, dentro y fuera del país, para que se unan a dicha solicitud. Adelantan la propuesta de resolución que estaría emitiendo la instancia diplomática regional, que centra su contenido en la posición que "el proceso electoral en Nicaragua carece de legitimidad", en desconocer cualquier iniciativa de "diálogo" que unilateralmente vaya a organizar el régimen de Nicaragua, así como un llamado a los países de la región a emprender una campaña de presión por la vía diplomática y económica, para que la dictadora nicaragüense restablezca la democracia.

"Sirva la presente nota para solicitarle que, dentro del ámbito de sus competencias, convoque a la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, con el fin de que éste declare insalvablemente viciado el evento electoral a realizarse el próximo 7 de noviembre en Nicaragua", dice la solicitud enviada al secretario general de la OEA Luis Almagro.

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Los solicitantes argumentan que dicha sesión debe ser realizada con carácter de urgencia debido a que las condiciones que se viven hoy en el país no permiten la realización de elecciones libres y transparentes debido a la escalada de violaciones a los derechos humanos, "el encarcelamiento de los aspirantes a candidatos y otros actores políticos, del cercenamiento de la libertad de prensa con el cierre del diario La Prensa y el encarcelamiento y exilio de periodistas que agrava la persistente e insostenible crisis de derechos humanos que enfrenta el país".

Agregan que "solicitamos a Usted (Luis Almagro) sea convocada una sesión extraordinaria del Consejo Permanente a más tardar el día 15 de Octubre del corriente, y de una forma muy respetuosa les solicitamos se incluyan en su resolución los principales objetivos que el pueblo de Nicaragua persigue, y que son, entre otros: a) Hacer constar que el proceso electoral del 7 de Noviembre 2021 no cumple con las garantías internacionales necesarias para la celebración de unas elecciones libres, justas y transparentes, en consecuencia; b) Declarar el no reconocimiento por la Organización de Estados Americanos y la ilegitimidad del proceso, de los resultados, de los electos y de los actos que deriven del mismo; c) Aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática".

Iniciativa por el Cambio justifica su solicitud recordando que, desde la perspectiva propiamente electoral, y en el contexto del ejercicio del poder sin contrapesos que ostenta el oficialismo en Nicaragua, se han cancelado arbitrariamente las personalidades jurídicas de partidos políticos como el Partido Conservador (PC), el Partido de la Restauración Democrática (PRD y el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

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Asimismo, recuerdan que todas las denuncias de los actos represivos ejecutados por la dictadura Ortega-Murillo han sido debidamente documentados y denunciados ante los órganos competentes de derechos humanos de los sistemas americano y universal, actores internacionales de la sociedad civil y actores estatales tales como la Unión Europea, la Confederación Suiza, Canadá y Estados Unidos, países que ya han estableciendo sanciones internacionales específicas contra operadores políticos y económicos de la dictadura, que se han visto involucrados en las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Las organizaciones que conforman la iniciativa, piden a la OEA ser tomados en cuanta para "informar de manera detallada, ante el Consejo Permanente, sobre la actual situación del país, en los ámbitos de las relaciones internacionales, político-electoral y de derechos humanos y cómo ello hace ya imposible la realización de elecciones libres y transparentes en Nicaragua".

LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La propuesta de resolución presentada ante la OEA plantea, entre otros puntos que, se declaran alarmados por "el reciente deterioro del entorno político y de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluido el abuso de leyes y acciones para intimidar, amenazar, privación de libertad a los miembros de la oposición y de la prensa restringiendo la participación política".

Proponen que el documento final de resolución exprese "su grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, de octubre de 2020 a mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables".

Que plasme con claridad que, "hasta la fecha el proceso electoral en Nicaragua carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático".

Además, la organización opositora propone que el Consejo Permanente de la OEA llame a todos los Estados Miembros e invite a los Observadores Permanentes de la OEA, a "adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Nicaragua".

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Finalmente piden "convocar a una reunión extraordinaria de consulta de los cancilleres de los estados miembros para el 10 de enero de 2022 para revisar, discutir y resolver sobre la situación de Nicaragua para el restablecimiento del orden democrático en ese país".

En pasado 19 de julio, durante las celebraciones de la revolución sandinista, el dictador Daniel Ortega, dando por sentado que se reelegirá el próximo 7 de noviembre, dijo que luego de la toma de posesión el 10 de enero del 2022, convocará a un dialogo nacional con los actores políticos y empresariales del país.

No obstante, la organización de opositores que pide la sesión extraordinaria a la OEA, está pidiéndole a ese organismo que asuma en la resolución sobre la situación de Nicaragua que "no respaldará ninguna iniciativa de diálogo unilateral, de parte de Nicaragua, si no hay un pleno restablecimiento del orden constitucional y democrático que incluya, entre otros, la liberación inmediata de los presos políticos, el goce pleno de libertades públicas, absoluto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, la separación de poderes del Estado y el pleno restablecimiento del estado derecho".