Fallece mamá de José Adán Aguerri, el expresidente del Cosep encarcelado por la dictadura
La mamá del reo político José Adán Aguerri falleció sin poder despedirse de su hijo. La dictadura Ortega-Murillo se muestra indolente ante estos casos, ya lo hizo con el líder estudiantil Max Jerez.


- octubre 11, 2021
- 09:44 AM
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La señora Hilda Chamorro Hurtado, madre del empresario, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y actual reo político José Adán Aguerri, falleció la tarde de este lunes, 11 de octubre, sin poder despedirse de su hijo, según informaron fuentes ligadas a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
La fuente indicó a DESPACHO 505 que la señora Chamorro Hurtado quiso ver a su hijo por última vez para despedirse de él pero no fue posible porque la dictadura Ortega-Murillo no permite visitas a los reos políticos que se encuentran en los calabozos de El Chipote, tampoco les concede el permiso especial al que por Ley tienen derecho para estos casos.
José Adán Aguerri Chamorro es integrante del pleno de ACJD y se encuentra detenido desde el 8 de junio cuando la Policía orteguista lo “secuestró” para luego acusarlo de supuesta traición a la patria, de conformidad con la llamada Ley 1055 o Ley Soberanía, que la dictadura se hizo aprobar en la Asamblea Nacional para reprimir a los opositores.
“Doña Hilda no pudo despedirse de su único hijo, y José Adán Aguerri no pudo ver a su madre por última vez”, indicó la fuente.
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Esta es la segunda madre de los nuevos presos políticos que fallece sin poder ver por última vez a su hijo. Recientemente, la mamá del líder estudiantil Max Jerez, doña Heidi Meza, falleció suplicando al régimen Ortega-Murillo que le permitieran despedirse de su único hijo pero los dictadores se mostraron indolentes y no permitieron el encuentro.
El Cosep se limitó a emitir una fotoarte a través de sus redes sociales dando las condolencias pero ni siquiera menciona que el hijo de la fallecida y expresidente de esa organización es actualmente un reo politico ni aboga porque la dictadura le permita asistir a ls funerales.
Por su parte la organización política Ciudadanos por la Libertad (CxL), en su página oficial de intrnet expresa "su más sentido pésame al expresidente del COSEP, miembro de la ACJD, José Adán Aguerri, hoy preso político, por el sensible fallecimiento de su querida madre".
Agrega en su pronunciamiento que hacen "el llamado a las autoridades de Auxilio Judicial para que José Adán Aguerri, que guarda prisión injustamente desde hace 125 días, le concedan un permiso especial para que pueda asistir a las honras fúnebres de su madre".
Organizaciones defensoras de derechos humanos y de familiares de los reos de conciencia han denunciado en reiteradas ocasiones que la dictadura Ortega-Murillo utiliza el dolor, ante la perdida de un familiar, como una forma de tortura contra los opositores encarcelados.
El exprisionero político Chester Membreño, originario de Masaya quien vivió esa experiencia en el año 2019 y cuanta que, para un prisionero político, lo más difícil de afrontar cuando fallece un ser querido es que se le niegue hasta el derecho a ser informado.
Para los defensores de derechos humanos, negarle el permiso a un encarcelado para atender una situación de esta naturaleza, además de ser inhumana, evidencia que usan el dolor "como método de tortura".
Con el caso de Max Jerez y ahora el de Aguerri, se suma a las historias de l mnos 12 reos políticos más a los que el régimen no les ha permitido despedirse de sus seres queridos.
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Según datos hechos públicos por la abogada Yonarqui Martínez, como antecedentes del trato cruel por parte de la dictadura contra los presos políticos se cuenta el de Marvin Vargas, “El Cachorro”, prisionero desde el 2011 y quien no pudo dar el último adiós a su mamá, Juana Petrona Herrera.
Se incluye también el caso del periodista Miguel Mora Barberena, durante su primer encarcelamiento, a quién también se le negó el derecho de asistir al funeral de su abuelita, Olinda Barberena, en febrero de 2019. Misael Escorcia, de 18 años, guardaba prisión cuando en noviembre del 2018 se enteró del fallecimiento de su mamá, Martha Rocha.

Dos semanas después, murió Carmela Arteta, mamá del reo político Alfonso Morazán Castillo. A ellas les siguió Martha Bucardo, el 16 de diciembre, quien fue sorprendida por un infarto que le arrebató la posibilidad de volver a estar con su hijo y con su nieto, Francisco y Bryan Pérez, ambos apresados por el régimen y originarios del departamento de Carazo.
En enero de 2019 falleció doña Aura Palacios García, anhelando la liberación de su hijo Chester Membreño, quien actualmente se encuentra en libertad. El mismo infortunio vivió Petrona Domínguez, cuyo hijo, Wilfredo Brenes, sigue capturado por el régimen Ortega- Murillo.
Otros reos de conciencia que han perdido a sus progenitores son Richard Saavedra, Julio Pineda, Roger Espinoza y Hader González. “A todos ellos se les privó el derecho de ver a sus familiares en estado grave y han fallecido. Los internos no pierden sus derechos, los jueces y autoridades deben de resolver oportunamente en estos casos”, explicó la abogada Martínez en sus redes sociales.
En ocasión del fallecimiento de la mamá de Max Jerez y ante el reiterado comportamiento inhumano del régimen, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), condenó la decisión de Ortega y la calificó como un “acto perverso” y como “otra forma de tortura contra los detenidos por razones políticas y sus familias”.
La Presidenta del Cenid, Vilma Núñez explicó que para este tipo de casos se debe tomar en cuanta el documento denominado “Reglas mínimas para el tratamiento del recluso”, el cual fue adoptado en el primer congreso de las Naciones Unidas en 1955, y en el que establece que se debe de informar al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente cercano.
“En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia”, señala uno de los puntos del documento. Según Núñez, Ortega ha implementado esta actitud “deshumanizada” en reiteradas ocasiones.