CIDH otorga medidas cautelares a tres presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del exdiplomático Mauricio Díaz; el líder estudiantil Max Jeréz y el comentarista político Jaime Arellano, ya que considera que los tres presos políticos se encuentran en "una situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad”.

Max Jeréz fue apresado el pasado cinco de julio, mientras que Díaz fue detenido el 9 de agosto luego de asistir a una citatoria del Ministerio Público, ambos se encuentran detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. Arellano se encuentra bajo arresto domiciliar desde el 24 de julio.

La CIDH solicita al Estado de Nicaragua que informe dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.

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En el caso de Jeréz y Díaz, la resolución pide al régimen de Daniel Ortega que adopte otras medidas para proteger el derecho a la vida, integridad personal y a la salud de ambos opositores, también solicitan que las condiciones de detención deben de ser compatibles con los estándares internacionales y demandan evaluar una medida diferente a la privación de la libertad.

“Tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean sus privaciones de libertad actuales, se evalúe inmediatamente la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables”, señala la resolución con fecha del 12 de octubre del presente año.

CIDH PIDE QUE ARELLANO PUEDA EJERCER SUS LABORES

En el caso del comentarista político Jaime Arellano, la CIDH solicitó que el Estado permita el contacto oportuno con los familiares y abogados, además que debe de adoptar las medidas para que pueda “desarrollar sus labores como periodista sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de estas. Lo anterior incluye, la adopción de medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, no obstaculizando al propuesto beneficiario de los elementos necesarios para su ejercicio periodístico”.

Los tres opositores son acusados por el delito de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Los familiares de los presos políticos que permanecen en El Chipote denunciaron hoy que luego de un mes de una primera visita, entre el 11 y el 13 de octubre, el régimen de Ortega permitió una segunda visita la cual se realizó en “condiciones restrictivas y arbitrarias”.

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En este segundo encuentro observaron que continúa el deterioro físico de los opositores, ya que muchos no tienen acceso al sol; hay desorden en la administración de medicamentos, tampoco les han permitido la valoración de médicos externas.

También denunciaron que las luces permanecen encendidas las 24 horas y otros se encuentran en penumbras. Los opositores permanecen bajo custodia permanente, “impidiéndoles, bajo amenazas, la comunicación con otras personas (presas) y en algunos casos están confinados en celdas solitarias”.  

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, con datos del 23 de septiembre, informa que el número de presos políticos asciende a 155, de los cuales 145 son en el contexto de las protestas de abril del 2018 y diez que ya estaban en prisión desde antes de las manifestaciones.