«No regresen a Nicaragua», la advertencia de funcionarios de Migración a una profesora y a su hijo

Ada Patricia Laínez Osejo, una profesora del barrio indígena de Sutiaba de la ciudad de León, nunca se imaginó que por respaldar las protestas cívicas de abril del 2018, su vida cambiaría por completo y menos aún que tendría que verse obligada a huir del país junto a su hijo Carlos Dubán Laínez Osejo, de 23 años.

La profesora tampoco se imaginó que una vez que decidiera irse al exilio, los funcionarios de Migración y Extranjería del puesto fronterizo de El Guasaule, que conecta a Nicaragua con Honduras, la amenazaran si regresaba al país.

«Como si se tratara de una propiedad privada o de una finca de la familia Ortega Murillo», afirma.

Desde una ciudad de México, donde se encuentran actualmente en busca de llegar a los Estados Unidos, la profesora relata a Despacho 505, la prolongada pesadilla que vive desde el 8 de noviembre del 2018.

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“Ese día la policía de León, llegó a mi casa y al encontrar una bandera de Nicaragua me llevaron detenida junto con mi hijo aduciendo que teníamos un grave problema, porque habían encontrado armas, aunque lo que realmente ocuparon fue la bandera, dos celulares, y 3,800 córdobas que nunca me devolvieron”, dijo.

NUNCA LA ACUSARON

Después de permanecer detenida durante 80 días, la profesora fue excarcelada el 27 de enero del 2019 de las celdas de El Chipote, de Managua, como parte de los efectos jurídicos de Ley de Amnistía aprobada en junio del 2019.

Láinez Osejo recuerda que durante permaneció encarcelada en El Chipote, nunca la presentaron ante un juez, ni tampoco le imputaron ningún delito.

El 27 de febrero de ese mismo año, su hijo también fue excarcelado y a diferencia de ella, a él lo acusaron por el delito de entorpecimiento de servicios públicos en el Juzgado Tercero Local de Managua, donde la jueza Nalia Úbeda Obando, lo condenó a 8 meses de cárcel.

De acuerdo con la profesora el régimen de Ortega los encarceló e inventó delitos en represalia por haber apoyado las protestas cívicas de abril del 2018 e integrar el movimiento “Unidad Nacional Azul y Blanco”, que se fundó posteriormente.

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“Mi hijo era estudiante de primer año de la carrera de administración de empresa de la UNAN- León y el 18 de abril del 2018 cuando un grupo de jubilados de esta ciudad salió a protestar en rechazo a las reformas al seguro social, él fue de los pobladores que se solidarizó con estos ancianos cuando militantes sandinistas llegaron a disolver de manera violenta la manifestación cívica”, recordó la profesora.

Relató que ese día los dirigentes del Centro Universitario Nacional, (CUUN) de la UNAN-León, invitaron a su hijo a ir a disolver la marcha junto con otros estudiantes, pero que él al igual que otros, más bien llegaron a respaldar a los ancianos cuando los estaban golpeando y que a raíz de esa agresión, se desencadenaron las protestas antigubernamentales a nivel nacional.

“Desde entonces respaldamos las protestas cívicas y en represalia nos encarcelaron y estando presos nos golpeaban y cuando me trasladaron de las cáceles de León a El Chipote, me decían que me iban a violar, que si no hablaba le cortarían los testículos a mi hijo y en ese lugar sentí la muerte” señaló.

FUE DESPEDIDA DEL MINED

Detalló que como la obligaban a dormir en el piso, resultó con neumonía y una alergia que se le extendió desde el cuello hasta la punta de los pies, debido a que el lugar carecía de condiciones higiénicas.

Tras ser encarcelados, cuenta tanto ella como su hijo se vieron obligados a cambiar constantemente de domicilio, debido al acoso policial y amenazas, pero que con el paso del tiempo los volvían a localizar.

El Ministerio de Educación también le canceló su plaza y tras andar durante más de dos años de un lugar a otro para resguardar sus vidas, personas conocidas les aconsejaron que lo mejor era que se fueran al exilio.

“Cansada del asedio y por nuestra seguridad, empecé a tratar de salir del país desde abril de este año, pero por falta de recursos no podía irme con mi hijo y fui recogiendo de poco en poco hasta que finalmente el pasado 26 de agosto logramos irnos al exilio”, explicó.

Madre e hijo abandonaron el país como parte de una excursión que salió de Managua a Guatemala, pero no se imaginaron que en el puesto fronterizo de El Guasaule, los funcionarios de migración y Extranjería de la dictadura los someterían a otro episodio amargo.

NO REGRESAR A NICARAGUA

“Nos retuvieron por más de tres horas, para amenazarnos y decirnos que estábamos circulados, que no podíamos salir del país y que el jefe de la Policía de León, Comisionado Fidel Domínguez, llegaría por nosotros y en ese momento sentí que el mundo se me vino encima, ya que recordé el sufrimiento y los golpes que recibimos en la cárcel”, detalló Láinez Osejo.

Mientras pasaban los minutos, los funcionaros orteguista les manifestaron que tenían que firmar un documento para dejarlos salir y aunque se negaron, al final les permitieron salir del país con la condición de que no regresaran más a Nicaragua.

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“En ese momento tuvimos que abordar otra excursión y gracias a Dios llegamos a Guatemala aún con nervios, y tras pagar el pasaje nos quedamos con 40 dólares para pagar el alojamiento de una noche en un hotel”, explicó la profesora.

Cuenta que al día siguiente, un amigo de Guatemala, con el que ella logró comunicarse, llegó al hotel para brindarle ayuda, ya que no tenía dinero.

“Este amigo de Guatemala con el que estuve becada en Japón, con un grupo de centroamericanos, me brindó alojamiento en su casa y luego nos apoyó económicamente para continuar con nuestro recorrido con destino a México, donde permanecemos actualmente con la esperanza de llegar a Estados Unidos a solicitar asilo político”, afirmó.

Relató que al llegar a México su hijo encontró un trabajo para poder subsistir y que a pesar que ella había conseguido un empleo, lo tuvo que dejar debido a una hidronefrosis que le diagnosticaron en sus riñones.