Dictadura sigue guerra contra las oenegés y ordena cancelar a Fundación Coen, CPDH, Codeni y 22 organizaciones más

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa escalando su guerra contra las organizaciones de la sociedad civil y ha ordenado a sus diputados cancelar la personería jurídica a 25 oenegés más, entre ellas a la Fundación Coen, del Grupo Financiero Coen, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Coordinadora de la Niñez Nicaragüense (Codeni).

En una iniciativa de Decreto Legislativo presentado en la secretaría de la Asamblea Nacional por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez, solicita que le cancele la personería jurídica a las 25 organizaciones alegando que han incumplido con la Leyes 147 y 977, que regulan a las Asociaciones Sin fines de Lucro (ASL) y la "Ley de Agentes Extranjeros".

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La dictadura además de arremeter contra la Fundación Coen,  que trabaja proyectos sociales y de salud en comunidades pobres del país, también se lanza contra la CPDH, el último organismo de derechos humanos que gozaba de personería jurídica.

Además, elimina a la Asociación Para el Desarrollo de Solentiname, un organismo que trabaja en el Archipiélago de Solentiname, una comunidad fundada por el fallecido poeta Ernesto Cardenal.

Asimismo, cancelan a la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos (ANIA), que existía legalmente en el país desde 1970; la Coordinadora de ONG que Trabajan con la Niñez (Codeni), el Centro Cultural Tininiska y la Asociación Centro de Educación Popular (Cantera).

La iniciativa de Decreto Legislativo de Cancelación de Personería Jurídica presentada por Rodríguez sigue exactamente el mismo guion de las anteriores. Según el operador político de la dictadura en la Asamblea Nacional, la solicitud fue hecha por la funcionaria orteguista Franya Urey Blandón, responsable del departamento de Registro y Control de ASL del Ministerio de Gobernación (Migob).

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La justificación utilizada por la dictadura para seguir su guerra de exterminio contra la sociedad civil es también la misma para todos los casos: el supuesto incumplimiento de 4 ordenanzas legales: la Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro o Ley 147; la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Republica de Nicaragua (Ley 606), la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977) y la Ley 1040 o Ley de Regulación Agentes Extranjeros.

Bajo ese argumento, la dictadura Ortega-Murillo ha eliminado ya a por lo menos 140 organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que trabajaban principalmente en fomento del desarrollo social, político, económico, derechos humanos, democracia, educación y de salud. Además, ha cancelado universidades y organismos internacionales.

Las organizaciones a las que la dictadura les arrebata su personería jurídica en esta nueva ola represiva son: Fundación José Dolores Estrada, creada en 1991; Asociación para el Desarrollo Juvenil (2005); Asociación Cívica para la Democracia (ACD), fundada en 1999.

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El Instituto de Capacitación Liberal 11 de Julio (1999); Asociación Nicaragüense de Cinematografía (1988); Asociación Nicaragüense de la Mujer Obrera (1993). Además, la Fundación para el desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba (1994); la Asociación Desarrollo y Responsabilidad Social (DRS), creada en 2001.

También cancelan a la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz y el Desarrollo de la Sociedad Civil (Fundepaz); la Asociación Civil de Productores de Caña de Azúcar de Rivas (Aprocari); la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode); Fundación Luisa Mercado (Funlum); la Asociación Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas (ANCJP); el Centro de Derecho Constitucional (CDC); la Fundación Apostamos por la Vida (Fundavi); Asociación Octupan Lugar de Grandes Caminos; la Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local, y la Asociación Red de Empresarias de Nicaragua.

La iniciativa de Decreto legislativo cancelando a esas 25 organizaciones ya está en la agenda de la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo y será sometida al plenario para su aprobación en los próximos días.