Juez orteguista impone 13 años de cárcel a Michael Healy y 9 años a Álvaro Vargas, exdirigentes del Cosep
Ambos empresarios se encuentran presos desde el pasado 21 de octubre en las celdas de El Chipote. Gremial de empresarios aun no se pronuncian.
Los empresarios y presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas, arrestados cuando presidían el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), fueron condenados este martes a 13 años y 9 años de prisión, respectivamente, por el presunto delito de menoscabo a la integridad nacional o "traición a la patria".
El juez Ángel Jeancarlos Fernández González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua, condenó a Healy, que era el presidente del Cosep, a 13 años de prisión por el delito de cometer menoscabo a la integridad nacional, como solicitó la Fiscalía. En tanto Vargas, que era el vicepresidente, fue sentenciado a 9 años de prisión por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
La condena que impuso el judicial fue la que solicitó la Fiscalía el pasado 29 de abril cuando fueron declarados culpables. Ambos dirigentes empresariales fueron apresados el 21 de octubre y en ese momento, la dictadura informó que eran investigados por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Ese delito, finalmente, no fue incluido en la acusación.
"Con estas injustas condenas se cierra el ciclo de persecución judicial contra los presos políticos del Chipote y bajo arresto domiciliar", declaró el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
MÁS NOTICIAS: Eurodiputados piden sancionar a 14 jueces orteguistas que han condenado a los presos políticos en Nicaragua
Este martes, se conoció que al menos 14 jueces que han emitido sentencias condenatorias contra los presos políticos son candidatos a sanciones de parte de la Unión Europea (UE). La petición fue remitida por los europarlamentarios Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas a Josep Borrell, Alto Representante de la UE.
“La impunidad está aumentando en Nicaragua y los jueces deben ser considerados directamente responsables de la represión en el país. Con estas sentencias judiciales ilegítimas contra presos políticos detenidos arbitrariamente, los jueces también se han convertido en responsables de violaciones de los derechos humanos”, expresa la misiva que enviaron los europarlamentarios.
DEMANDAN REVOCAR CONDENAS
El Cenidh demandó que las autoridades "superiores revoquen estos injustos encarcelamientos e ilegales condenas". Añadió que los familiares de los empresarios en su última visita "constataron su grave estado de salud" y demandaron que sean atendidos por especialistas.
"Desde Cenidh nos sumamos a esa exigencia, y advertimos que el Estado y sus agentes, deben garantizar la salud y vida de los reos bajo su custodia", expuso el organismo de derechos humanos.
Healy fue detenido luego de asistir a una "entrevista" al Ministerio Público, quien no especificó los motivos del llamado. Los dirigentes del Cosep se encuentran recluidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Chipote, sitio donde se realizó el juicio.
Los juicios contra los presos políticos se reanudaron el pasado 1 de febrero del presente año, luego de varios meses de permanecer estancados porque supuestamente los jueces estaban con mucho trabajo.
El Cosep no se pronunció luego de la declaratoria de culpabilidad y tampoco lo han hecho ahora que fueron condenados. La sentencia contra Healy y Vargas eran las únicas que estaban pendientes de los dirigentes que fueron detenidos desde el 28 de mayo del año pasado y que incluyó al menos a siete aspirantes a la Presidencia, los cuales ya fueron condenados a penas que oscilan entre los 8 y 13 años de prisión.
El Cenidh recopiló al menos 54 detenciones, cuyas víctimas se encuentran en su mayoría en las celdas del Chipote, otros en centros penitenciarios y en estaciones policiales. La lista de presos políticos también incluyó al antiguo guerrillero sandinista Hugo Torres, quien falleció el 12 de febrero, después de meses de detención en “condiciones indignantes”.
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