Para Pompeo, Ortega ha perdido legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional al arremeter contra los críticos, encarcelar a activistas a favor de la democracia, y "pisotear" los derechos humanos de la ciudadanía.

A las organizaciones opositores les demandan acciones concretas y efectivas para presionar por la liberación de los presos políticos. Al nuncio le piden una respuesta a su petición de buenas gestiones ante el régimen.

El jurista José Pallais advierte que el régimen de Daniel Ortega está usando los femicidios como excusa para castigar a la disidencia.

Bachelet afirmó que la crisis de derechos humanos en Nicargaua continúa y denunció que Ortega ha respondido a la emergencia del Covid-19 con violaciones de la libertad de expresión y despidiendo a personal médico.

El Canal 12 está bajo riesgo de salir del aire. De efectuarse el embargo por un reparo fiscal de medio millón de dólares al menos 20 trabajadores serían perjudicados. Ante el peor escenario "estamos convencidos que la labor como periodistas no termina con un cierre, confiscación o embargo, sino vamos a buscar las alternativas y morir con las botas puestas”, sostiene el Jefe de Prensa del medio de comunicación.

Feministas y defensoras de derechos humanos de las mujeres critican que el Gobierno reduzca los femicidios a “enfermos mentales”. “No es únicamente estableciendo penas a los agresores de mujeres que vamos a solucionar el problema”.

Además de acabar con la violencia machista, es urgente terminar con tantas creencias y prejuicios que condenan a las mujeres y justifican a los autores de femicidios y abuso sexual.

Organizaciones de nicaragüenses en el exilio firman alianza para trabajar por la democracia en Nicaragua.

José Ángel Granados era presidente de Cantur en Tola y había sido candidato a alcalde en los municipios de Rivas y Tola.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos decidió poner fin al TPS, un programa que ampara a unos 300 mil inmigrantes en ese país, incluyendo más de 5,000 nicaragüenses.