Iris Madriz Prado, con nacionalidad nicaragüense y estadounidense, fue secuestrada por policías y paramilitares. Tiene 64 años y en las pasadas elecciones municipales abandonó su candidatura a la Alcaldía de Nindirí por falta de transparencia en el proceso electoral.

El Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA redujo de 90 a 75 días el plazo que comprende una resolución que manda realizar “gestiones diplomáticas” para procurar una solución a la crisis, y si no hay resultados, convocar a una Asamblea General donde se aplicaría la Carta Democrática.

El Asesor Presidencial para Asuntos Económicos, Bayardo Arce Castallo, reapareció después de más de un año de ausencia de la vida pública, para revelar el impacto que han tenido las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega.

La reforma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional incluye como sujetos obligados por la ley a los abogados y notarios públicos y contadores para que denuncien cualquier tipo de operaciones que consideren sospechosas y que estén vinculadas con financiamiento al terrorismo, lavado de activos y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Juzgado Primero de Distrito Penal de Managua ordenó la liberación inmediata, la cancelación de los registros de los antecedentes penales y la anulación de la medida cautelar impuesta a los presos políticos Jean Carlos, Luis Miguel y Harvin Roberto Estaban Lesage, y Rodrigo Rojas Álvarez, 15 días después de la entrada en vigencia de la ley de amnistía.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA informó reducirán el plazo de 90 días que plantea una propuesta de resolución donde se orienta realizar “gestiones diplomáticas” para resolver la crisis y si no hay resultado, la OEA debe adoptar las “medidas necesarias”.

A las negociaciones, que están estancadas por falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos, no han sido llamados los partidos políticos, pero el PLC presentó una iniciativa en la que propone el voto en el extranjero, la no reelección presidencial y la observación de comicios.

El MESENI ha sido clave para la denuncia internacional sobre los abusos cometidos en Nicaragua. Más de 1,500 testimonios, 58 recomendaciones al Estado y un incremento de 5,471% en las solicitudes de medidas cautelares, evidencian un “progresivo deterioro de la situación de derechos humanos en el país”.

Los secuestros no son producto del crimen organizado o la delincuencia común, son secuestros políticos ejecutados por fuerzas policiales o parapoliciales leales a Daniel Ortega.

Dirigentes de movimientos políticos sostienen que no tiene sentido seguir prolongando la grave situación de Nicaragua. “No se necesitan 90 días para que muestre alguna señal”, demandó Juan Sebastián Chamorro.