La ley manda a las autoridades a no impulsar procesos de investigación contra los responsables de los crímenes cometidos a partir del 18 de abril y ordena cerrar los procesos administrativos iniciados, frenar los procesos penales, así como la ejecución de sentencias.

El diputado Carlos Emilio López aseguró que con la Ley de Atención a Víctimas el régimen se convirtió en buen samaritano al atender a los afectados por el “intento de golpe de Estado”, “aunque no fue quien causó el daño”, ignorando los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura.

Pese a la política represiva del régimen, los “medios independientes se han fortalecido en sus plataformas digitales, mientras que los medios oficiales, pese a que tienen mayor cobertura y recursos, han bajado en sus niveles de audiencia y credibilidad”, señala un informe de Freedom House.

Directivos de la SIP llegarán al país para abogar por la liberación de los periodistas encarcelados, demandar justicia por el asesinato de Ángel Gahona y reclamar los bienes confiscados a 100% Noticias y Confidencial.

Ortega reclamó a los obispos y a organismos internacionales la “falta de condena” por la muerte del venerado Bismarck, a quien enalteció hasta el cansancio. Pero el dictador miente: ignora que la CIDH otorgó medidas cautelares a Martínez, solicitó información del caso, pero el régimen no colaboró.

Informes del Banco Central de Nicaragua precisan que para comprar los 53 productos de la canasta básica, a mayo de este año, los nicaragüenses necesitan 13,901.3 córdobas.

“La Ley de Atención Integral a las Víctimas es puro teatro y no aborda adecuadamente las violaciones de derechos humanos. El gobierno debe liberar incondicionalmente a todos los presos políticos y permitir que los observadores de derechos humanos regresen”, demandó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Luego de que el régimen emprendiera el cierre de negocios que se sumaron al paro nacional del 23 de mayo, llaman a un boicot permanente contra los negocios cuyos dueños son afines a la dictadura y avalan la represión contra el pueblo. La campaña incluye un mapeo por ciudad.

A la periodista de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, se le programó juicio para el próximo 24 de junio, cuando el régimen de Daniel Ortega ya debería haberla liberado junto a todos los presos políticos, a como se comprometió en la mesa de negociación con la Alianza Cívica.

La denuncia se da a 20 días del asesinato del preso político Eddy Montes. La abogada Yonarqui Martínez asegura que las torturas físicas y psicológicas no han cesado en el Sistema Penitenciario Nacional.