Horas previas al inicio del paro, el régimen Ortega Murillo recurrió a las amenazas contra trabajadores, empresas e instituciones financieras. La respuesta fue un apoyo masivo a la suspensión de actividades convocada por la Alianza Cívica.

La pretensión del régimen ocurre cuando los dos diarios de circulación nacional del país, La Prensa y El Nuevo Diario, anunciaron que sus versiones impresas circularán con menos cantidad de páginas, debido al bloqueo de la materia prima por la Dirección General de Aduana.

Se espera que en transcurso de la tarde o la noche, Asobanp emita un comunicado en el que deje planteado su posición.

Ortega estaría obligado a recibir una visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ingresaría a La Modelo y La Esperanza para verificar en qué condiciones se encuentran Miguel Mora, Lucía Pineda, Irlanda Jerez, Medardo Mairena, Edwin Carcahe y otros reos.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) convocó para este jueves 23 de mayo a paro nacional como medida de presión para que el régimen de Daniel Ortega cumpla con los acuerdos alcanzado en la mesa de negociación.

El IML no ha presentado resultados de la autopsia y Gobernación afirmó que estos coincidían con los del equipo independiente que practicó el examen post morten. Es una manipulación inmoral y tendenciosa, denuncian.

Las 27 cámaras y asociaciones que integran el Cosep se sumarán al paro nacional convocado por la Alianza Cívica.

Con 20 votos a favor el Consejo Permanente de la OEA aprobó este martes una resolución contra el régimen de Daniel Ortega que le exige liberar a los presos políticos antes del 18 de junio. La comunidad internacional condenó a la dictadura por el asesinato del preso político Eddy Montes.

Una liberación plena, segura, rápida y con garantías de no repetición para los presos políticos contempla la propuesta jurídica que la Alianza Cívica llevará a la mesa de negociación.

La Alianza Cívica convocó a un proceso de consenso para realizar lo que sería un cuarto paro nacional en menos de un año. En septiembre pasado Ortega amenazó a los empresarios con enviar a la Policía a los negocios “para que les mantenga las puertas abiertas”.