El orteguismo criminaliza las redes sociales al acusar a tres opositores de promover el "no voto" a través de grupos de WhatsApp

Las tres personas del departamento de Carazo que fueron acusadas de monitorear la farsa municipal del pasado 6 de noviembre han sido enviadas a juicio por los supuestos delitos de de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

Los acusados son Patricia Vega Canales, de 44 años, quien fue detenida a las 5 de la mañana del 5 de noviembre en su casa ubicada en el municipio de El Rosario, Carazo; Sandra Acevedo Díaz, de 56 años, y Allan Sebastián Bermúdez, de 53, ambos detenidos el 4 de noviembre en el municipio de Diriamba.

El juicio está programado para el 25 de enero de 2023 y estará a cargo de la jueza Carol Urbina Medrano, titular del Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Carazo. La captura de los tres ciudadanos fue denunciada antes de las cuestionadas elecciones municipales del 6 de noviembre pasado, pero en la acusación que presentó la Fiscalía se señala que las personas fueron apresadas el 8 de noviembre entre las 3:00 y 4:30 de la tarde.

En el libelo acusatorio, la Fiscalía acusa a las tres personas de promover supuestamente la violencia y el odio en contra de las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE).  El parte acusatorio recoge que desde marzo del 2020 los acusados interactuaban con pobladores de Carazo y hacían uso de las tecnologías de la información y la comunicación para tergiversar y desinformar a la población en torno al proceso electoral.

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La Fiscalía les achaca que desde sus celulares accedían a redes sociales y a la aplicación de WhatsApp para desestabilizar la paz social y promover la abstención en las elecciones mediante una campaña denominada "Dedo Limpio, Conciencia Limpia".

POR ESTAR EN GRUPOS DE WHATSAPP

Según el texto de la acusación, dichas acciones las realizaban supuestamente en dos grupos de WhatsApp denominados "Salvando las Ovejas" y Unidad Nicaragüense de Martes a Júpiter".

En la aplicación de mensajería instantánea compartían supuestamente mensajes con el propósito de provocar desobediencia para que la población no saliera a ejercer su derecho al voto y a la vez se burlaban de las elecciones en las que el CSE le entregó al régimen las 153 alcaldías de país.

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En el caso específico del preso político Allan Sebastián Bermúdez, la Fiscalía le atribuye promover reuniones internacionales a través de la aplicación de Zoom, para organizar grupos de diferentes municipios de Carazo para "crear zozobra y pánico a través de noticias falsas dirigidas a la población, así como menoscabar a la administración pública".

Supuestamente pretendían deslegitimar las elecciones municipales para luego solicitar sanciones internacionales contra el Estado de Nicaragua. Por tal razón estaban, dice la Fiscalía orteguista, encargados de monitorear las elecciones, demostrar el fraude ante la comunidad internacional y solicitar sanciones económicas.

El organismo de observación Urnas Abiertas en su último informe sobre las elecciones municipales señaló que menos 31 nicaragüenses fueron detenidos en el contexto de las votaciones municipales.

Según el reporte, las detenciones policiales se dieron en los departamentos de Carazo, Managua, Masaya, Nueva Segovia, Ríos San Juan, Rivas y la Región Autónoma del Caribe Sur.