La dictadura ha recibido más de C$500 millones para el Censo: no se sabe cuándo termina y se duda de sus resultados

Los nicaragüenses ya han empezado a pagar por un Censo Nacional de Población que aún no está listo y se duda sobre la transparencia de sus resultados. El estudio que ordenó ejecutar la dictadura de Daniel Ortega el pasado 30 de abril con nueve años de retraso, costaría más de 500 millones de córdobas recibidos través de la contratación de financiamiento internacional y la designación opaca de fondos del Presupuesto General de la República.  

Una investigación realizada por el observatorio ciudadano Urnas Abiertas revela que el régimen indirectamente ha recibido fondos para la ejecución del censo desde hace 10 años a través de créditos provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea. Estos se empezaron a pagar en 2021. 

El último Censo realizado, el de 2005, tuvo un costo de 14 millones de dólares y fue financiado por un préstamo del BID y por donaciones de Japón, del Sistema de Naciones Unidas y de otras instancias. El siguiente se había proyectado para después de 10 años, es decir, para el 2015. 

En el marco del “Proyecto de Modernización de Sistema de Administración Financiera del Sector Público (PMSAF)”, el Banco Mundial destinó en 2014 una partida de 8.9 millones de dólares para los preparativos del Censo. 

Según el decreto de aprobación del convenio de financiamiento de 2014, este monto se destinaría al INIDE bajo un componente denominado “Componente 5 – Mejorar la Capacidad de la Gestión Estadística” y sería ejecutado por dicho instituto a través de un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La deuda de este préstamo se comenzó a pagar en el 2021. 

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En 2017, el Gobierno firmó otro convenio con la Unión Europea (UE) y administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el nombre “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional de Nicaragua”, por un total de 4 millones 369 mil 950 dólares bajo el concepto de cooperación técnica no reembolsable. 

Una de las inconsistencias es que, de acuerdo a los estados financieros presentados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la firma auditora encargada, Grant Thornton Hernández & Asociados, S.A., publicados por el Banco Mundial en 2020, casi todo el financiamiento fue ejecutado, a pesar de que el censo no se llevó a cabo. 

“Hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua no ha explicado cómo se relacionan estos fondos, que ya están siendo pagados por las arcas del Estado, con el Censo Nacional actual. Según una escueta información del MHCP, los fondos permitieron implementar la cartografía digital, desarrollar el sistema de información y la implementación del pilotaje”, expone Urnas Abiertas. 

564 millones de córdobas asociados al Censo

Pese a haber recibido 13 millones de dólares para el Censo (unos 470 millones de córdobas), el régimen proyectó gasta este año 92.9 millones de córdobas en salarios para los trabajadores que ejecutarían en el pazo de un mes, en mayo, el censo de población, vivienda y agropecuario de 2024. 

El régimen no ha informado con claridad cuánto cuesta el Censo Nacional de Población y tampoco se sabe si ya está listo. 

Los hallazgos de la investigación de Urnas Abiertas demuestran que la actual implementación del Censo no cumple con una adecuada supervisión del gasto y pone en tela de duda la calidad de la información.  

“La realidad es que en este momento toda la ejecución presupuestaria del Censo está siendo manejada bajo total hermetismo, pues ni en el Presupuesto General de la República, ni en el presupuesto específico del INIDE, se ha incluido una partida para cubrir los gastos”, señala el observatorio. 

Resultados poco confiables  

Además del hermetismo del régimen hay otros detalles que según Urnas Abiertas causan “preocupación”, uno de ellos es que Silvio Ronald Flores Lazo, el auditor de los estados financieros presentados al Banco Mundial, es una de las 39 personas acusadas en el caso de los Cenis por fraude y tráfico de influencias.  

Aunado a ello, en 2021, cuando fue director de auditorías de la Contraloría General de la República, fue señalado de haber alterado una auditoría que implicaba al MTI en un caso de perjuicio económico al Estado por 19 millones de córdobas. 

“La participación de personas y firmas auditoras vinculadas a este tipo de casos de corrupción pone en riesgo la credibilidad y eficacia de las auditorías y de la supervisión del gasto”, añade Urnas Abiertas. 

El observatorio considera fundamental que las instituciones financieras internacionales “asuman un papel proactivo y riguroso en la fiscalización del uso de los préstamos y donaciones. Deben garantizar el uso adecuado de los mecanismos de monitoreo y evaluación con los que cuentan”. 

La ineficacia en la supervisión puede conducir a la malversación de fondos y la corrupción, socavando los objetivos de desarrollo y afectando negativamente a las poblaciones más vulnerables. Además, la falta de control adecuado puede erosionar la confianza de los donantes y financiadores, comprometiendo futuros apoyos financieros y cooperaciones.