Antes de abril de 2018, Ortega ya mantenía a 10 presos políticos

Organismos de derechos humanos han documentado que el régimen encarceló arbitrariamente a opositores desde 2011.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ y otras organizaciones han presentado un informe en el que acusan al régimen de Daniel Ortega de mantener a 10 presos políticos, previo a la Rebelión de abril de 2018.

“Desde antes de abril de 2018, el sistema de justicia de Nicaragua ha sido utilizado para criminalizar y judicializar las protestas sociales y la disidencia en el país”, empieza el documento.

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Entre los casos estudiados por el organismo se menciona la represión contra la Asociación Cachorros de Sandino, que luego fue autorizada legalmente y nombrada como, Fundación de Veteranos de Guerra del Servicio Militar Patriótico; las detenciones por las protestas en contra de los fraudes electorales en Ciudad Darío y otros pueblos del norte de Nicaragua, en 2011 y 2012.

Además, incluye las detenciones contra trabajadores de mineras y del movimiento campesino que protestaron contra empresas y Gobierno, respectivamente.

“Las detenciones referidas anteriormente, tenían las mismas características: Las personas detenidas fueron trasladadas desde sus municipios hasta Managua, a las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial (conocidas como “El Chipote”), donde permanecieron aisladas, sin acceso y comunicación con sus familiares, defensores y defensoras, sometidas a golpes e incluso actos de torturas”, reseña.

Según el organismo, la mayoría de detenidos en manifestaciones fueron liberadas, a excepción de 10 personas que, al día de hoy, continúan como presos políticos e identifica como Marvin Vargas, conocido como El Cachorro, y los nueve detenidos, procesadas y condenadas por el caso del 19 de julio de 2014.

“Marvin Vargas era un líder y dirigente del movimiento Cachorros de Sandino, que exigía el cumplimiento de beneficios sociales para quienes participaron en la guerra en los años 80. La detención en su contra se inicia, 4 meses después de amenazar con realizar la Operación Danto en 2011”, señala.

Los presos por el caso conocido como la Masacre del 19 de Julio son Wilfredo Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda

Ruíz, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Antonio Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios, Zacarías Isabel Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta Gonzales, José Ricardo Cortez, Dávila y José Oliver Meza Raudez.

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“Reconocemos el carácter político tras la privación de la libertad de estos 10 casos referidos, ya que encontramos elementos que dan cuenta del cumplimiento de criterios consistentes con el concepto de preso político acogido por el Consejo de Europa”, agrega el Colectivo.

En el informe plantea que a partir que encontró presencia de nexos de detención por ejercicio de derechos fundamentales, en otros casos motivación política de la detención, sin comisión de delito.

“También en todos los casos se encontraron elementos relacionado con detención prolongada como resultado de motivación política, aplicación desigual de la ley fundamentada en motivaciones políticas, y finalmente manifiesta violación del debido proceso, relacionada con motivación política”, menciona. 

En el estudio participaron el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) y personas defensoras de derechos humanos que han denunciado la prisión como forma de persecución política en Nicaragua, y buscan la liberación de los ciudadanos detenidos.