El régimen compró 122 camionetas en los meses más duros de la represión

En los meses más duros de la represión de 2018 el régimen de Daniel Ortega a través de 16 instituciones del Estado compró 122 camionetas doble cabina 4x4, en las que gastó 109 millones de córdobas sin que hasta ahora se conozca para qué fin fueron adquiridas.  

Este tipo de vehículos fueron los más utilizados por policías y paramilitares durante la Operación Limpieza y las acciones represivas que intentaban frenar las masivas manifestaciones contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

Adicional a la compra de las 122 camionetas, las instituciones públicas también compraron: 102 motocicletas, 22 vehículos sedan y dos microbuses. En 2018, en total, el régimen desembolsó 130 millones de córdobas para la compra de vehículos.  

Los datos fueron recabados por el Observatorio de las Compras Públicas. El informe fue presentado este jueves por el Colectivo Transparencia Nicaragua.  

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Las principales compras de camionetas, 97 de 122, fueron hechas a través del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Supremo Electoral (CSE), Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCA), y la Dirección General de Ingresos (DGI). 

Dayra Valle, investigadora del Observatorio de Compras del Estado, destaca que “las fechas en que se realizaron este tipo de compras (entre abril y octubre de 2018) fueron cuando se dio lo más álgido de la represión y no se logra establecer la utilidad de ese tipo de vehículos en las instituciones públicas que lo compraron”. 

En el caso del Consejo Supremo Electoral, que es el que más compras realizó, lo hizo en dos procedimientos que tienen la misma fecha de inicio y de cierre y fueron adjudicados el 25 de abril de 2018. En el caso de Marena, la segunda institución con más adquisiciones, compró sus camionetas en el mes de julio. 

¿LA POLICÍA OCULTÓ SUS COMPRAS? 

Al revisar el Plan Anual de Compras de la Policía, el Observatorio encontró que aparecen varias adquisiciones de vehículos que fueron planificadas, pero al buscar las ejecuciones de estas adquisiciones no se encuentran.  

“Es decir, no sabemos si realmente fueron ejecutadas y adjudicadas, Es probable que no se haya realizado la compra, aunque se haya planificado, o es probable que se haya realizado, pero que la institución no haya publicado el procedimiento”, explica Valle. 

En junio de 2018 la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua le solicitó a la Policía la devolución o pago de los vehículos que el Gobierno de los Estados Unidos le donó a dicha institución para sus actividades legítimas.  

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La delegación diplomática confirmó que “algunos de estos vehículos han sido usados por la Policía de Nicaragua, y fuerzas irregulares bajo su mando, para reprimir violentamente las voces de quienes protestan pacíficamente contra las acciones de su gobierno. Estas acciones violan los términos de la Carta de Entendimiento establecida para la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos con la Policía Nacional de Nicaragua”. 

Ante la solicitud de la Embajada, la Policía procedió a devolver los vehículos al Gobierno de los Estados Unidos.  

LAS COMPRAS DE 2019 

En el año 2019, ya con un estado policial impuesto y tras haber acabado con las manifestaciones pacíficas, el régimen disminuyó significativamente las compras de vehículos, al pasar de 122 camionetas doble cabina adquiridas en 2018, a únicamente 22 en el 2019.  

El año pasado solo 11 instituciones realizaron compras vehiculares. Además de las 22 camionetas, se compraron 22 motocicletas, un vehículo tipo Sedan y cuatro microbuses.  

A diferencia de las compras del año anterior, las de 2019 se cubrieron en su totalidad con fondos internos.  

“Comparando los dos años hay una diferencia abismal en la cantidad de adquisiciones que se hicieron en el 2018 y por montos sustanciales”, alerta la investigadora Dayra Valle.  

En el 2019 el gasto en la adquisición de vehículos en general ascendió a un poco más de C$28 millones de córdobas, pero el hermetismo sobre los destinos de los vehículos y la finalidad sigue imperando en las compras del Estado.  

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“Están obligados a mencionar el objetivo de la compra, eso es lo que da fortaleza a la compra. Lamentablemente las resoluciones son muy pobres, dicen muy poco. En algunos casos de vehículos más de lujo que eran para directivos. Deberían de decir cuál era el fin”, insiste Valle.  

En este tercer informe elaborado por el Colectivo Transparencia Nicaragua, a través de su iniciativa Observatorio Compras Nicaragua, da cuenta de las compras públicas que realizaron las instituciones del gobierno central de camionetas y otros vehículos en los años 2018 y 2019. 

Esto fue posible a partir de la elaboración de base de datos producto de la revisión y extracción de información disponible y de acceso público del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónico (SISCAE) a través de su portal web, a cargo de la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).