Cosep intentará frenar Ley de regulación de agentes extranjeros

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) denunció ante la comunidad internacional y organismo de derechos humanos el proyecto de Ley de regulación de agentes extranjeros al considerarla violatoria de los derechos individuales, políticos y sociales de los nicaragüenses.

En un comunicado, la gremial señaló que interpondrá los recursos necesarios ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de detenerla, pues “tiene como fin ejercer control absoluto sobre cualquier persona o jurídica que dentro de Nicaragua perciba fondos o cualquier objeto de valor proveniente, directa o indirectamente, de gobierno, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sean”.

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De igual forma, cuestiona que el hecho que establezca “obligaciones de registro, presentación de información y sanciones que conllevarían a la cancelación de personerías jurídicas, imputación de responsabilidades penales, congelamiento de fondos y bienes y confiscaciones administrativas”.

El régimen no sólo criminaliza a quienes reciben recursos del exterior, sino que podrá confiscar y congelar cuentas bancarias. Además, impide que las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento extranjero participen en la vida política en Nicaragua, porque será considerado “injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en asuntos internos”, alegando que se pone en riesgo la seguridad del Estado, evocando la política de censura impuesta en 1980 por la Dirección General de Seguridad del Estado.

Por si fuera poco, la ley inhibirá a todas las personas consideradas como agentes extranjeros, a empleos públicos o candidaturas de cualquier naturaleza.

Ante eso, el Cosep denuncia que Ortega pretende darle al Ministerio de Gobernación amplias y discrecionales facultades, que, en adición, podrá utilizar la Unidad de Análisis Financiero para objetivos claramente inconstitucionales.

Los empresarios denuncia que el régimen tiene “claro interés de comenzar a asfixiar a las entidades jurídicas independientes, cuando lo crean conveniente y necesario para sus intereses políticos”.

“Se está inconstitucionalmente cercando de forma expresa el derecho de las organizaciones de la sociedad civil de buscar, obtener y utilizar recursos”, destaca el principal gremial del país en su comunicado.

La empresa privada afirmó que dicha iniciativa de ley proscribe el derecho de los nicaragüenses en actividades políticas internas de Nicaragua, así como el derecho de elegir y ser elegidos.

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“Elimina por ley a las fuerzas políticas de oposición y candidatos que puedan hacerle frente en los próximos comicios electorales”, señala y convierte la contienda electoral de 2021, en una competencia desigual y desequilibrada, a favor del régimen.

Sobre el intento del Cosep de frenar la ley, el especialista en políticas públicas Eduardo Solórzano afirmó que los empresarios saben que la ley va contra ellos y no solo organizaciones de la sociedad civil. “La preocupación del Cosep es válida si es contra ellos también”.

La entrada en vigencia de la ley significará perder los derechos de participar en elecciones u ocupar un cargo público. “Por eso viola los derechos constitucionales de la libertad de organización, incluso pueden se caer preso”, comentó.

Desde su punto de vista es una acción represiva porque suspende derechos ciudadanos, y cree que la Corte Suprema de Justicia no va a resolver el recurso que pretende interponer el Cosep. “No hay donde recurrir, pero hay que agotar ese recurso”.

AISLADA DE LA COOPERACIÓN

Carlos Pérez, político de la organización Propuesta Ciudadana, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, (UNAB) manifestó que la ley va en contra de muchos derechos de los nicaragüenses, entre ellos el derecho a asociación.

“Todos los grupos que se organizan alrededor de derechos y necesidades, buscan fuentes de financiamiento, en un país como el nuestro es muy difícil obtener ayuda”, explicó.

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Por tanto, dicha iniciativa aísla a Nicaragua de una red de cooperación internacional que ayuda a organizaciones civiles en países en vía de desarrollo, argumentó Pérez.

 “Los organismos internacionales trabajan en áreas sensibles como salud, educación y derechos humanos. Pretender limitar y restringir accesos a esas fuentes es atentar contra esos derechos humanos básicos”, aseguró Pérez.