Censura cibernética: Ortega promueve Ley para encarcelar a todo aquel que difunda información "no autorizada"

La bancada del Frente Sandinista introdujo una iniciativa de ley que castigaría con hasta seis años de prisión a cualquier persona que a través de medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada "que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella".

Se trata de la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos introducida este lunes ante la Asamblea Nacional que persigue "la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de Información y la Comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías su contenido", según se lee el documento rubricado por los diputados orteguistas.

Los diputados justifican esta ley para la "protección a la seguridad soberana del Estado y se aplicará a quienes cometan los delitos previstos, dentro o fuera del territorio nacional".

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La ley contempla un artículo sobre la extradición de nacionales que se encuentren en el extranjero: "Para efectos de la extradición relacionada a la comisión de los delitos tipificados en la presente Ley, a falta de tratados o convenios internacionales de los cuales la República de Nicaragua sea Estado parte, las condiciones, el procedimientos y los efectos de la extradición estarán determinados por los dispuesto en el Código Procesal Penal, lo cual se aplicará también a los aspectos que no hayan sido previstos por el tratado o convenio respectivo".

CÁRCEL POR DIFUNDIR "NOTICIAS FALSAS" EN TODO TIPO DE REDES

El artículo 30 establece que en Nicaragua también será castigada la propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: "Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación publique o difunda información falsa y tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa", se lee en el documento.

Además, contempla penas de una a seis años, para quienes ingresen a los sistemas informáticos de instituciones públicas.

El artículo 8 expresa que aquel que intencionalmente interfiera o altere el funcionamiento de un sistema informático o los datos contenidos se enfrentan a penas de 3 a 5 años y 200 a 400 días multa. No obstante, "si la conducta anterior afectara los sistemas informáticos del Estado o aquellos destinados a la prestación de servicios de salud, comunicaciones, financieros, energía, suministro de agua, medio de transporte, puertos y aeropuertos, seguridad ciudadana y Defensa Nacional u otro de servicio al público la sanción de prisión será de 4 a 6 años".

AUTORIZAN INTERVENCIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS

Asimismo, la iniciativa regula la protección de los sistemas informáticos del Estado, a aquellos destinados a la prestación de servicios públicos, al sistema bancario y financiero, instituciones públicas, privadas o mixtas que presten un servicio público.

Además, autoriza a la Policía y al Ministerio Público, previa orden judicial, a que "puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como los procedimientos de incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos".

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También, faculta al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua, a emitir una normativa para la preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios en plazo de tres meses, a partir de su publicación.

CENIDH: "ES UNA MUESTRA DE DESESPERACIÓN"

Para el Paulo Abrão , defensor internacional de derechos humanos, denunció que la iniciativa de ley "abre una brecha para criminalizar ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos como el uso de las tecnologías".

Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “esta es la muestra de desesperación más grande que el régimen está dando. Se van estrellar como cualquier caballo desbocado”.  

“Estamos frente a acciones irracionales, llenas de temor y de miedo. Esta Ley es una muestra de miedo, el que está en riesgo usa toda perversidad para tratar de salvarse”, reaccionó la defensora de derechos humanos.