Amnistía Internacional: En Nicaragua persiste la impunidad y aumenta represión en medio de la pandemia

El 2020 en Nicaragua estuvo marcado por la continua represión del régimen de Daniel Ortega hacia la disidencia, la adopción de leyes más restrictivas contra la población, organismos de las sociedad civil y medios de comunicación independientes, y una respuesta inadecuada a la pandemia del Covid-19, refleja el informe anual de Amnistía Internacional.  

“La crisis de derechos humanos continúa, al igual que la política de represión de Ortega. Hay ataques a libertad de expresión, periodistas y oenegés a través de leyes; hay negacionismo y negligencia frente a la Covid-19; persiste la impunidad y las violaciones a los de derechos humanos”, explicó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, al publicar el Informe Anual 2020 sobre Nicaragua. 

MÁS NOTICIAS: Radio Universidad saca de su parrilla tres programas críticos al régimen

Las autoridades continuaron atacando a periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y oenegés locales. Al concluir 2020, la inscripción legal de nueve organizaciones de derechos humanos —que la Asamblea Nacional había cancelado en diciembre de 2018— no se había restablecido, y los activos de esas entidades seguían confiscados.  

“A lo largo del año siguieron recibiéndose noticias de restricciones ilegítimas al derecho de reunión pacífica. Continuó la detención y reclusión arbitraria de personas que hacían activismo político, y se adoptaron nuevas leyes amenazadoras contra la disidencia. Persistía la impunidad de las personas sospechosas de ser penalmente responsables de la violencia cometida contra los pueblos indígenas”, destaca el informe. 

REPRESIÓN POLÍTICA EN AÑO ELECTORAL

Amnistía Internacional señala que en el país sigue la detención y reclusión arbitraria de personas que realizan activismo político, y se han adoptaron nuevas leyes amenazadoras contra la oposición. 

En octubre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. Al mes siguiente aprobó, en primera legislatura, una reforma de la Constitución que permitiría la cadena perpetua.  

“En ese contexto, existían temores bien fundados de que estas leyes se utilizaran contra personas que denunciaban las políticas represivas y pedían respeto por los derechos humanos”, advierten.  

En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz o “Ley de Inhibiciones”.  

Ese mismo mes, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos declaró que esta ley trataba de restringir los derechos políticos y ponía en peligro derechos fundamentales consagrados en instrumentos internacionales. 

MÁS NOTICIAS: Niño nicaragüense encarna el drama migratorio en la frontera de Estados Unidos

Estas leyes amenazan a la oposición que se prepara para enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones generales del 7 de noviembre.  

En un informe presentado en febrero ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada Michelle Bachelet, expresó su preocupación por las nuevas leyes adoptadas por el régimen, que vulneran las libertades fundamentales de los nicaragüenses.  

Dijo que mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre, “el Estado de derecho sigue deteriorándose”, por lo que urgió emprender un proceso de reformas electorales inclusivo con todos los actores de la sociedad. 

PRESOS POLÍTICOS  

El informe de Amnistía Internacional refleja que a la fecha hay más de 100 presos políticos por ejercer su derecho a la protesta.  

“Hubo noticias de detenciones arbitrarias, incluso durante la pandemia, de activistas políticos”, alertó el organismo. 

Además, algunos activistas políticos excarcelados denunciaron hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades y grupos progubernamentales. Hasta principios de diciembre, al menos 31 personas excarceladas tras haber estado en prisión por motivos políticos habían sido detenidas de nuevo, según las organizaciones locales. 

En el contexto de la pandemia, agrega el informe, “preocupaba especialmente la situación de los activistas políticos y de las personas percibidas como opositoras que permanecían detenidas en el precario, masificado e insalubre sistema penitenciario de Nicaragua”.  

Además, siguieron recibiéndose noticias sobre el escaso suministro de agua potable y la falta de atención médica adecuada y de medicamentos en el Sistema Penitenciario. 

LA RESPUESTA A LA PANDEMIA  

A pesar de las recomendaciones formuladas por las organizaciones internacionales en el contexto de la pandemia de Covid-19, “las autoridades nicaragüenses promovieron encuentros masivos en los que no era posible mantener el distanciamiento físico”, sostiene Amnistía Internacional.  

En abril del año pasado, un mes después de declarada la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), expresó su preocupación por la respuesta del gobierno nicaragüense a la Covid-19, que no contemplaba la promoción de las medidas de distanciamiento físico sino más bien llamaba a celebrar encuentros masivos.  

MÁS NOTICIAS: Aglomeraciones y exclusión en el primer día de vacunación contra el Covid-19 en León

La OPS también calificó de inadecuados los procesos de prevención y control implementados por las autoridades. En mayo, la OPS añadió que, pese a sus reiteradas peticiones y la respuesta del gobierno de que le permitiría visitar instalaciones de salud y proporcionaría información detallada, las autoridades no habían hecho nada al respecto. 

Algunos grupos locales pusieron de manifiesto el hecho de que el gobierno no proporcionaba suficiente información sobre la pandemia y las políticas públicas de prevención, diagnóstico y contención. 

El organismo denuncia que, hasta agosto, al menos 31 profesionales de la salud habían sido despedidos de su empleo en el sector público después de que hubieran expresado su preocupación por sus condiciones laborales y la falta de equipos de protección individual (EPI), o expresado su inquietud por la respuesta gubernamental a la pandemia.