Alterar las actas de detención de los opositores es la práctica que han puesto de moda la Policía y la Fiscalía
De acuerdo con especialistas en derecho penal, estas alteraciones las “están haciendo abiertamente para “cumplir” con las 48 horas que establece la ley para acusar a una persona.
Aunque el artículo 33 de la Constitución Política de Nicaragua, establece que toda persona que es arrestada por la Policía, debe ser puesta a la orden de un juez competente en un plazo de 48 horas, los opositores que fueron arrestados previo y después de las elecciones del 7 de noviembre han sido acusados ilegalmente 13 y 15 días después de su detención.
Para “ocultar” que no han violentado el plazo de las 48 horas que establece la ley para acusar a una persona después de ser arrestada, tanto la Policía como el Ministerio Público a través de sus fiscales se han dado a la tarea de alterar las actas de detención, según incidentes de nulidad y recursos de exhibición personal que han presentado los abogados defensores a favor de los presos políticos.
De acuerdo con especialistas en derecho penal, estas alteraciones las “están haciendo abiertamente para “cumplir” con las 48 horas que establece la ley para acusar a una persona y aseguran que todo lo que sucede posteriormente es ilegal al igual que le detención y requisas que se hacen hasta en los teléfonos.
“Al parecer están alterando las actas de detención porque ya no quieren aplicar el plazo de detención de 90 días, que la fiscalía solicitaba en audiencia especial para investigar especialmente a presos políticos, basándose en la reforma y adición a la Ley 406 del Código Procesal Penal que fue aprobada el 2 de febrero del 2021 por diputados sandinistas”, afirmó un abogado que por seguridad prefirió omitir su identidad.
El economista y extrabajador del Instituto para la Democracia el Desarrollo (IPADE), Harry Chávez Cerda de 64 años, es uno de los presos políticos arrestados el 6 de noviembre es uno de las víctimas de las alteraciones de las actas de detención.
Chávez fue detenido a las 7:20 de la noche del 6 de noviembre, en su casa de habitación ubicada en Managua, pero fue llevado ante un juez 15 días después, incumpliendo de esa manera con el plazo de las 48 horas.
Al igual que los otros opositores detenidos previo y después de las elecciones, la fiscalía acusó a Chávez, por ciberdelitos (propagación de noticias falsas) y conspiración y apología para cometer menoscabo a la integridad nacional, basándose en este caso en los artículos 41, 42, 72, 410 y 412 del Código Penal.
Para tratar de no dejar huellas de la detención ilegal en la que según expertos en derecho penal, ha permanecido Chávez, la fiscalía hizo uso de un acta detención del 18 de noviembre, para acusarlo en el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, que preside el juez Rolando Sanarrusia Munguía.
La audiencia preliminar se realizó el 21 de noviembre y en ese entonces la defensa de Chávez tenía 11 días de haber presentado un Recurso de Exhibición Personal por Detención Ilegal, el cual fue admitido el once de noviembre por el Tribunal de Apelaciones de la Sala Penal, Uno de Managua.
En el recurso de exhibición personal, detalla que Chávez fue detenido a las 7: 20 de la noche del 6 de noviembre, por oficiales de la policía del Distrito Uno y que a la fecha (10 de noviembre) no había sido puesto en libertad ni ante la autoridad competente, por lo que la defensa alegó que la detención era ilegal.
La Sala Penal del Tribunal de Apelaciones, tras admitir al día siguiente el recurso de exhibición personal, nombró un juez ejecutor para que rindiera un informe sobre el caso y el 16 de noviembre este, concluyó que Chávez, se encontraba detenido de manera ilegal y decretó su libertad.
Con el informe del juez ejecutor, la defensa demostró que Chávez se encontraba detenido ilegalmente e introdujo un escrito en la Sala Penal Uno de Managua, solicitado que se pronunciarán ya con las evidencias, sobre el recurso de exhibición personal, pero la repuesta fue un “no ha lugar” y llegó hasta el 22 de noviembre, un día después de la audiencia preliminar.
El no ha lugar al recurso de exhibición personal, lo declararon los magistrados de la Sala Penal Uno, tras argumentar que en el Sistema Nicarao del poder judicial, observaron que Chávez tiene causa penal radicada en el juzgado Sexto de Distrito de lo penal de Audiencias de Managua, donde se celebró audiencia preliminar en fecha 21 de noviembre del año 2021 y que está ante una autoridad competente.
En audiencia inicial cebrada el 25 de noviembre la defensa de Chávez, solicitó un incidente de nulidad por defecto absoluto, para corregir el exceso y abuso tanto de la policía, como del Ministerio Público, tras argumentar que se han violentado los principios constitucionales y garantías mínimas a Chávez por la detención arbitraria, sin orden de captura, ni allanamiento en su casa de habitación y por haber sido acusado fuera del termino de las 48 horas establecido en el artículo 33. 2.2 de la Constitución Política de Nicaragua.
Tras esa petición, la fiscalía, se defendió con el acta de detención del 18 de noviembre, para explicar que la audiencia preliminar se realizó en tiempo y forma y hasta detalló que lo existía el día 6 de ese mes era una orden de captura contra Chávez.
Luego de escuchar ambas partes el juez Sanarrusia respondió con un “No ha lugar” al incidente de nulidad argumentando que en el proceso penal no se ha realizado ninguna actividad defectuosa que le cauce indefensión al acusado y que más bien se le han respetado sus derechos y garantías. A la vez lo mantuvo en prisión preventiva y lo remitió a juicio.
Como si tratará de un guion, la historia de Chávez es similar a la de la presa política de Nindirí, Masaya, Nidia Barbosa Castillo de 66 años, quien fue detenida por los mismos delitos la noche del 6 de noviembre, pero fue llevada ante un juez 14 días después, con un acta de detención del día 19 de ese mes y aunque la defensa solicitó ordenar su inmediata libertad argumentado que ya había pasado el tiempo establecido por la ley (las 48 horas), la petición fue negada.
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Entre los opositores arrestados el 6 de noviembre a los que también les han alterado las actas de detección también aparece la joven de Masaya Cinthia Padilla Jirón de 21 años, y aunque su abogada presentó incidente de nulidad el 22 de ese mes, por permanecer detenida durante más de 48 horas la petición no tuvo eco tal y como le sucede a todos los presos políticos.
A estos casos también se suman el del opositor del municipio de Chichigalpa, Chinandega, Donald Alvarenga Mendoza de 56, Douglas Cerros de la ciudad de Ocotal entre otros, que también fueron detenidos entre 5 y 6 de noviembre y después de las elecciones.
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