El régimen compara las sanciones con un genocidio, aunque solo afectan a responsables de crímenes y corrupción

El régimen Ortega-Murillo acusó los Estados Unidos de utilizar la Nica Act y la Ley RENACER para bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, y afectar el desarrollo de programas sociales financiados con la cooperación externa.

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  • June 14, 2024
  • 09:22 AM

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a los Estados Unidos y a la Unión Europea de cometer genocidio contra Nicaragua al imponer sanciones "injustas" a funcionarios de la dictadura, durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) este 13 de junio.

Iván Lara Palacios, ministro asesor de Ortega para políticas y relaciones internacionales, aseguró que las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea a funcionarios de Ortega representan un mecanismo de injerencias y la vulneración a la autodeterminación de los pueblos.

Indicó que ambos bloques usan la "fuerza" como una herrmientas de "poder blando" contra Nicaragua y una docena de países más.

"Las medidas coercitivas no son herramientas inocentes de ´poder blando´, matan como las balas en la guerra, matan de hambre, matan por falta de medicamentos, y están dirigidas a infligir deliberadamente las condiciones de vida de una población, para provocar su destrucción física total o parcial, y esto se llama genocidio", afirmó Lara Palacios.

Agregó que los Estados Unidos y de los Estados miembros de la Unión Europea, han emitido "más de 26 mil sanciones", afectando a casi un tercio de los países del mundo. "Estas medidas coercitivas, son verdaderas agresiones contra el derecho de los pueblos a su autodeterminación y el derecho de los pueblos a ser libres".

Lara Palacios acusó los Estados Unidos de utilizar la Ley de Condicionalidad de las Inversiones de Nicaragua (Nica Act), aprobada en 2018, y la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (Ley RENACER) para bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, y afectar con ello el desarrollo de programas sociales financiados con la cooperación externa.

"Estados Unidos ha impuesto la prohibición de nuevas inversiones en Nicaragua y la importación y exportación de ciertos productos. Asimismo, contraviniendo el derecho internacional mediante estas órdenes imponen medidas individuales a funcionarios del gobierno con lo cual se pretende paralizar la dirección funcional de las instituciones del Estado y obstaculizar el desarrollo de capacidades en instituciones como Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral, Ministerio Público y Telecomunicaciones", afirmó.

RECURRE A LA CARTA DE LA ONU

El asesor orteguista dijo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea ejercen mecanismos prohibidos por la Carta de la ONU y que las sanciones no solo están dirigidas a los colaboradores de Ortega, sino que afectan la economía del país y están dirigidas a derrocar gobiernos.

Asimismo, Lara Palacios expresó que las sanciones afectan a los pueblos, cuando en realidad las sanciones castiga a los responsables de crímenes y corrupción.

"(Las sanciones) Constituyen un castigo colectivo en contra de los pueblos, dislocan las economías de los países, afectan el nivel de vida de poblaciones enteras; restringiendo su acceso a alimentos, medicinas, agua y saneamiento, salud, vivienda, educación y empleo, con la intención de provocar descontento social y derrocar a los gobiernos legítimos", dijo.

El asesor Orteguista también dijo que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea carecían de legitimidad y veracidad, porque estaban fundamentadas en noticias falsas, en un claro por desacreditarlas a pesar de que son impuestas a violadores de derechos humanos, a corruptos y ciminales

"Habitualmente, estas medidas coercitivas se fundamentan en noticias falsas y van acompañadas de estereotipos negativos, discursos de odio en contra de hermanos pueblos como China, Cuba, Irán, Bielorrusia, Eritrea, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Zimbabue y otros países víctimas de estas ilegales medidas", expresó.

Añadió que "es imperativo suspender inmediatamente" las sanciones la que consideró como "medidas económicas coercitivas unilaterales" que considera un obstáculo para la ciudadanía.

"Eliminar estas agresiones, que son verdaderos obstáculos en la erradicación de la pobreza y para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles contenidos en la Agenda 2030", apuntó.

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