A casi un mes de la imposición de aranceles globales por parte del gobierno de los Estados Unidos, el dictador Daniel Ortega confrontó al presidente Donald Trump por sus políticas migratorias.
Rosario Murillo arremete contra los miles de exiliados: los llama “condenables” y asegura que jamás podrán volver al país. Mientras los insulta, sus remesas sostienen la economía.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundiza su política de represión, consolidando un patrón de detenciones arbitrarias, tortura, censura y ataques sistemáticos contra la sociedad civil.
La nueva embajadora cubana, Iliana Teresa Fonseca Lorente, llega a Nicaragua, reforzando los lazos entre dos regímenes autoritarios unidos por intereses políticos e ideológicos.
En un discurso televisado, el dictador venezolano dijo que junto con Nicaragua y Cuba se prepara para "tomar las armas" con el fin de "defender la paz".
En una breve intervención, Ortega dijo que los jóvenes de Venezuela fueron quienes defendieron el triunfo de Nicolás Maduro, quien se juramentó sin mostrar actas que acrediten su victoria electoral.
La presencia de Ortega no había sido confirmada entre la comitiva que asistiría en representación de Nicaragua a la toma presidencial que, para gran parte de la comunidad internacional, es ilegítima.
El relevo ocurre en un contexto de tensiones políticas con los países miembros debido al rechazo de las ternas propuestas por Daniel Ortega para ocupar la Secretaría General del organismo.
Murillo dijo que una delegación compuesta por 16 personas entre diputados, ministros y miembros de la juventud sandinista acompañarán a Nicolás Maduro a la cuestionada investidura presidencial. Ortega no confirma
El ascenso de Rosario Murillo al poder está marcado por años de represión, violencia y traiciones, cimentado en purgas internas en el sandinismo, encarcelamientos, exilios forzados y crímenes de lesa humanidad.
Francisco aboga por el respeto a la libertad religiosa y los derechos fundamentales de todas las personas porque sin eso, advierte, no habrá verdadera paz.
La CorteIDH también requirió a la dictadura informar el paradero del comunicador y que aplique las medidas para garantizar el acceso inmediato a servicios de salud.
