Hombre confiesa que mató y abusó de embarazada en Ayapal, Fiscalía pide 66 años de cárcel

William José Zeledón Rodríguez, de 35 años, se declaró culpable del asesinato de Exliza de Lourdes Flores Rivera, de 25 años, quien tenía ocho meses de embarazo. El delito fue cometido el pasado 16 de septiembre en la microrregión de Ayapal, municipio San José de Bocay, departamento de Jinotega. 

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público en los Juzgados de Managua, el hombre llegó a la vivienda de la joven con la intención de sostener relaciones sexuales a lo que ella se negó. Entonces, el criminal procedió a golpearla, la acuchilló, asfixió con una bufanda y abusó de ella. 

Posteriormente el sujeto huyó de Ayapal dejando el cuerpo abandonado en el suelo en medio de la tienda de ropa usada que la víctima tenía.  

Una semana después el femicida fue capturado en Managua. La Fiscalía le imputó los delitos de violación en concurso real con asesinato y aborto sin consentimiento.  

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Por el delito de asesinato el representante de la Fiscalía solicitó al juez la pena máxima de 30 años, por violación 25 y por el delito de aborto, ocho años de prisión. La defensa pidió la pena mínima por cada uno de los delitos. 

SETENCIA SERÁ LEÍDA EL MIÉRCOLES 

Según la Policía William registra antecedentes de tráfico de droga. El cuerpo de la joven fue examinado por médico forense, que determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica y shock hipovolémico. 

La joven fue enterrada al día siguiente de su asesinato en el municipio de El Tuma - La Dalia, departamento de Matagalpa, de donde era originaria. 

El Juez Cuarto Especializado en Violencia, Harold Leal, fijó la audiencia de lectura de sentencia para este 30 de septiembre. 

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En lo que va del año 59 mujeres y niñas han sido asesinadas en Nicaragua, según datos del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir.  

Los casos de violencia machista se han incrementado en las últimas semanas al mismo tiempo en que el régimen de Daniel Ortega prepara una reforma a las leyes y a la Constitución para imponer la pena de cadena perpetua para quienes cometen “crímenes de odio” como este de Ayapal.  

Sin embargo, la interpretación de lo que es un crimen de odio quedaría a discreción del régimen y la iniciativa apunta más a convertirse en un instrumento represivo contra opositores y no para perseguir a femicidas y violadores.