Aunque legalmente son nicaragüenses de origen, el régimen los ha eliminado del registro civil, negándoles documentos básicos como partidas de nacimiento, cédulas de identidad y pasaportes.

Más del 30% de la cobertura boscosa del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan se ha perdido. A esto se suma una ola de ventas ilegales de tierra promovidas por secretarios políticos del FSLN, según denuncia un informe de la Fundación del Río.

El régimen consolida su control sobre la Policía, tras la purga de figuras clave. Uno de los nuevos comisionados generales es un oficial sin trayectoria pública conocida.