El Congreso aprobó un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes no ciudadanos, que entraría en vigor el 1 de enero de 2026. Ahora debe ser ratificado por el Senado.
La dictadura prioriza equipar centros de tortura en Managua. El gasto supera al destinado a la consulta oncológica del Hospital Bertha Calderón y se podrían equipar decenas de escuelas rurales, algunas de las cuales apenas reciben 50.000 córdobas.
Marisela del Carmen Mora Barbosa, docente de 50 años, fue asesinada dentro de su vivienda en Tipitapa. El agresor, aún no identificado, la atacó con un arma blanca y huyó.
Comunitarios consideran que la Policía intenta hacer ver la masacre que dejó al menos nueve muertos como un conflicto étnico, aunque sobrevivientes identifican a invasores de tierra como los atacantes.
Expertos internacionales consideran que, a pesar de las sanciones, la dictadura de Daniel Ortega continúa firme, por lo que hacen un llamado a la comunidad internacional a aplicar medidas más severas.
Sin medidas de distanciamiento social, decenas de capitalinos asisten a los hospitales públicos en la búsqueda de la segunda dosis para inocularse, en medio de un rebrote que ya presiona a los centros asistenciales.
Las madres gestantes "tienen un riego más alto de desarrollar síntomas más graves de covid" y enfrentan, en caso de contagiarse, más posibilidades de tener a los niños "de manera temprana o, incluso, prematura".
Sergio Ramírez dice que las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio, y sus caprichos" y ante el inminente allanamiento de su casa adelanta: lo que encontrarán será una casa llena de libros.
#FreeFrancisco es la campaña internacional lanzada por el hijo de Aguirre Sacasa, un importante productor de la empresa estadounidense Netflix, que pone en el plano global la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua y la brutalidad del régimen orteguista. El reparto de la exitosa serie pide que los presos políticos vuelvan a casa.
Aunque inicialmente se había reportado el asesinato de 13 comunitarios, la Policía solo reconoce nueve víctimas. Confirma abuso sexual a dos mujeres y omite el problema de fondo: la invasión de tierra de parte de los colonos.
