El Consejo Permanente de la OEA ordenó crear una Comisión de alto nivel para realizar gestiones diplomáticas y procurar una salida a la crisis. Deberán presentar un informe en 75 días. El delegado del régimen dejó entrever que no los dejarán entrar.

El Consejo Permanente de la OEA inició la sesión sobre Nicaragua convocada a solicitud del Grupo de Trabajo. Se espera comparecencia de Almagro y la conformación de la Comisión de alto nivel para iniciar el conteo regresivo de 75 días al régimen.

Costa Rica señaló como responsable al Ejército de Nicaragua, pero la Cancillería nicaragüense sostiene que se trata de una acusación falsa y manipulada. En tanto, el Ejército de Nicaragua, pese a los señalamientos de violación al territorio costarricense, se mantiene en silencio.

Daniel Ortega deja la embajada de Nicaragua en Costa Rica sin representación diplomática de alto nivel, después de mover al embajador Duilio Hernández Avilés a Turquía.

En una fuerte nota de protesta Costa Rica confirma que el Ejército de Nicaragua violó su soberanía e ingresó a su territorio para matar a un nicaragüense. San José exigió “explicaciones del caso y las seguridades de que hechos como este no se volverán a repetir”.

Luego de que el secretario general de la OEA sacara a Ortega de su lista de dictadores, excarcelados políticos le enviaron una carta de protesta donde le recuerdan que “ninguna agenda diplomática puede estar por encima de los derechos humanos y la vida de un pueblo”.

“El obispo no traía escolta alguno”, dijo la Diócesis en un comunicado donde también negó la participación de fanáticos orteguistas en la toma de posesión de René Sándigo y agregó que “la verdad no es lo que algunos quieren publicar”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los derechos a la vida y la integridad física de Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, “se encuentran en una situación de grave riesgo”.

La diputada liberal asegura que la Alianza Cívica y los diferentes movimientos sociales deben de aterrizar y darse cuenta que necesitan a un partido político para poder negociar las reformas electorales con el régimen orteguista.

La universitaria se encuentra detenida desde el 13 de julio y enfrenta un proceso penal que según organizaciones feministas está "plagado de irregularidades" y es un caso más de criminalización a la protesta cívica, a través de la fábrica de delitos en que se ha convertido la Fiscalía.