Nueve días después de firmar los acuerdos en materia de derechos y garantías ciudadanas, el régimen de Daniel Ortega sigue sin entregar los insumos secuestrados a los medios impresos de Nicaragua y las instalaciones de Confidencial y 100% Noticias siguen ilegalmente tomadas por la Policía.

“No ha sido posible avanzar en la mesa ni un milímetro”, aseguró Luis Ángel Rosadilla, representante de la Secretaría General de la OEA en la mesa de negociaciones entre el régimen y la Alianza Cívica.

Un total de 200 presos políticos han sido excarcelados por el régimen de Daniel Ortega bajo el régimen de casa por cárcel, cuando la demanda de organismos nacionales e internacionales es que les sea devuelta su total libertad.

El Comité Internacional de Cruz Roja presentó una lista de los presos políticos que deben ser liberados, pero la cifra total se desconoce. La CIDH registra 777 detenidos, el Comité Pro Liberación tiene 779 y la Comisión de la Verdad dice que hay 261. ¿Qué pasará con los que no estén en la lista del régimen?

“El deterioro económico va ser peor porque mucha gente había puesto esperanza en este proceso”, analiza el economista Juan Sebastián Chamorro. Este jueves la Alianza Cívica se quejó ante los representantes del Vaticano y la OEA por la falta de voluntad política de Ortega y el incumplimiento de acuerdos.

La dictadura orteguista develó su “plan integral de justicia, reparación y no repetición” a las víctimas de la represión proponiendo como garantes a las mismas instituciones que utilizó para reprimir, asesinar, herir y enjuiciar a manifestantes. El GIEI diseñó una propuesta, pero el régimen la ha ignorado.

La Alianza Cívica dijo anoche que la mesa negociadora no llegó a ningún acuerdo en los temas de justicia y democracia, pero aclaró que el diálogo sigue vivo.

“No hemos visto buena voluntad (del régimen) en la semana”, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la mesa negociadora de la Alianza Cívica. Diálogo languidece sin que Ortega acepte, hasta estas horas, un adelanto electoral.

Nicaragua está bajo un gobierno "autoritario, represor y violador de derechos humanos, que ha sumido al país en una profunda crisis, marcada por el descontento social y la caída de la economía”, expuso la doctora Vilma Núñez.

La Alianza Cívica sigue presionando al régimen para traer a Nicaragua garantes internacionales en las negociaciones porque desconfía que el dictador cumpla con los acuerdos. Ortega sigue cerrado a esta posibilidad y amenaza con buscar otros interlocutores.